En promedio, en lo que va del año, cada cuatro días se produce un feminicidio en Bolivia.
Con el hallazgo en Cochabamba de los restos de una mujer, desaparecida desde hace una semana, ya son 35 los casos de mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas desde el 1 de enero de este año.
Para quienes no son parte del entorno de las víctimas, cifras como ésa, contenidas en los informes periódicos de la Fiscalía General del Estado o de organizaciones de la sociedad civil, significan poco, pues, por su frecuencia, parece que la ciudadanía se ha desensibilizado respecto de los feminicidios.
Pero el impacto de éstos no se limita a la pérdida de la vida de las mujeres víctimas y al duelo de sus allegados. En muchos casos, esos crímenes dejan huérfanos traumatizados, y, en todos, las familias involucradas enfrentan una experiencia atroz que deja marcas indelebles.
Sin embargo, es posible afirmar que Bolivia debe ser de los pocos países que cuenta con disposiciones legales muy específicas para tipificar estos delitos y bastante severas para sancionar a los autores de esa violencia, legislación que, más bien, debería ayudar a que esos elevados índices de violencia se reduzcan.
A principios del mes pasado, Paola Barriga, una abogada conocida por atender este tipo de casos, sostenía que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, conocida como Ley 348, tiene un decenio de vigencia y sólo se lograron 150 sentencias contra los asesinos de mujeres.
Esa realidad permite inferir que para combatir ese tipo de violencia no sólo se requiere de una normativa adecuada, sino de la capacidad estatal y social de hacerla cumplir.
Ello requiere que, además de mantener la retórica de que la violencia en contra de las mujeres es un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos, se requiere de una estrategia que permita que cada quien cumpla el papel que la norma le asigna.
Habrá que comenzar en ese sentido, por capacitar a los funcionarios públicos (policías, fiscales, jueces) encargados de aplicar las normas sobre el tema. En los ámbitos en que se procesan las denuncias de violencia se mantienen arraigados prejuicios en contra de la mujer que, incluso, provocan que sea doblemente agredida a la hora de presentar su denuncia.
Es urgente diseñar una estrategia integral de prevención del feminicidio y de las agresiones contra las mujeres. Para ello será muy útil tomar en cuenta que la violencia física y sexual de la que son víctimas es transversal en el tejido social, aunque su ámbito más frecuente es el doméstico.
Estamos frente a un problema integral que requiere acciones integrales para enfrentarlo y no sólo leyes.
