Los bloqueos de vías que perturbaron el tráfico vehicular durante los últimos días en Cochabamba confirman que vivimos en una sociedad de presiones sectoriales, en la que las negociaciones, el interés colectivo y la capacidad de concertación son secundarias.
Es tal la frecuencia con la que ocurren ese tipo de perturbaciones que coartan la libertad de circulación, que los bolivianos hemos terminando internalizando la posibilidad de que cualquier momento debamos modificar nuestras actividades por motivo de bloqueo.
Esta especie de normalización de la incertidumbre nos afecta desde siempre, pues la obstrucción de las vías públicas es uno de los recursos favoritos cuando se trata de exigir respuestas a nuestros reclamos.
Es un recurso que pocos condenarán cuando se trata de asuntos de interés colectivo, relacionados con valores y principios vinculados al bienestar común, a la vigencia plena y al respeto irrestricto de los derechos políticos y ciudadanos.
Pero es lamentable y digno de reproche cuando se trata —como ocurre en la amplia mayoría de ocasiones— de conseguir satisfacción a demandas sectoriales, es decir de bloqueos motivados por intereses particulares.
Es el caso, por ejemplo, del bloqueo aplicado ayer en Cochabamba por la Federación Especial de Transporte Libre y que, si no paralizó completamente la ciudad capital del departamento, al menos perturbó de manera significativa las actividades cotidianas y, lo que es más impactante por los perjuicios provocados, cortó la conexión carretera con el resto del país.
Todo eso en demanda de satisfacción a un pliego de siete puntos, cuatro de ellos referidos a asuntos de interés específico del sector, como la anulación del sistema de foto multas porque “no es una garantía para todo conductor que infringe una normativa”, proclama el documento de esa corporación sindical.
¿Ellos exigían una garantía para no respetar las normas? ¿Por qué no simplemente respetarlas y evitar la justificada multa?
Reclaman también, a las autoridades del Gobierno, pronunciarse “sobre la baja del servicio de taxi por aplicaciones” porque “generan conflictos (…) con una competencia completamente desleal”.
¿Por qué no mejoran sus prestaciones y aplican tarifas razonables para evitar eso que llaman “conflictos” y es en realidad la pérdida de clientes?
Parece que las respuestas a esas preguntas es que en lugar de respetar las normas y mejorar sus servicios es más fácil y eficaz presionar a las autoridades, con bloqueos, y conseguir así satisfacción a sus demandas. Y lo lograron, al menos con el tema de las fotomultas.
