Originado en la década de 1950, el fenómeno de la expansión urbana y sus condiciones de dispersión en sectores significativos de Latinoamérica ha sido producto de las transformaciones sociales y productivas fuertemente vinculadas con los procesos y estrategias de industrialización, que acompañaron al modelo suburbano en el deseo de mejorar sus condiciones de vida y el goce de derechos básicos, acumulando bienes de consumo.
Estos procesos de transformación del territorio urbanizado son también resultado de las crisis metropolitanas producidas a finales de 1970 que, asociadas a la economía posfordista, dan cuenta de nuevas dinámicas de las áreas metropolitanas, como la contraurbanización
De esta manera, la expansión acelerada, y fundamentalmente, carente de planificación, caracteriza la dispersión urbana —o urban sprawl, en inglés — como el fenómeno que permite el crecimiento de la ciudad hacia sectores periféricos y a veces marginales de la zona urbana, traspasando la frontera agrícola, invadiendo terreno rural y transformando las vocaciones naturales del suelo. Esta característica de ciudades latinoamericanas también conocida como dispersión suburbana o urbanización por derrame, presenta indicadores de baja densidad, baja centralidad, baja proximidad, baja concentración y discontinuidad (fragmentación), producto de los modos de habitar viviendas unifamiliares en zonas suburbanas, con alta dependencia del automóvil como medio de movilidad y transporte, alto consumo de suelo y sus recursos, sobreocupación, e incremento de segregación socioespacial debido al aislamiento establecido por la distancia a otras zonas de la ciudad.
En Bolivia, el acelerado fenómeno de la urbanización está dando paso a una complejidad cada vez más cercana al urban sprawl latinoamericano de los años 70, consolidando asentamientos dispersos, generando grandes distancias de desplazamiento, precariedad de la infraestructura de servicios básicos, mala conectividad con el tejido urbano, y un proceso de conurbación cada vez más frecuente, aumentando la problemática para una ciudadanía en crecimiento y una gobernanza local sorprendida y aunque hierática, casi impasible para establecer soluciones eficientes.
Las ciudades en Bolivia, como otras en el mundo, admiten cada vez más el proceso complejo de la urbanización en la búsqueda de desarrollo. Casi dos tercios de la población nacional (61%) vive en ciudades de más de 15.000 habitantes; y un 70% habitan en las tres zonas metropolitanas (solo una legalmente reconocida, la región metropolitana Kanata del departamento de Cochabamba), y las proyecciones consideran que el porcentaje urbano nacional seguirá en aumento, aunque con métricas decrecientes en algunas ciudades intermedias o capitales de departamento.
En el caso concreto de Cochabamba, este proceso expansivo verificado en distintos municipios ha determinado que la administración gubernativa local se ocupe exclusivamente de la delimitación física que les corresponde, dejando prácticamente fuera de su compromiso el resto de la ciudad metropolitana; aspecto que es sostenido por la ausencia de un ámbito normativo de la entidad meso, o de una configuración de planificación nacional que permita encarar el conjunto urbano formado por la “gran ciudad”, sus suburbios, y sus municipios adyacentes.
De ahí que el desafío metropolitano en términos de funcionalidad está latente y es aún materia pendiente en la legislación. Muchas de sus competencias deben considerar la regulación de áreas de expansión extensiva e intensiva del territorio, el control de áreas de preservación, la normativa para la densidad sectorial, el establecimiento de medios o mecanismos para una movilidad sustentable, el mejoramiento de los procesos de productividad y competitividad, la prevención de las crisis hídricas y los sobregiros ecológicos, la gestión integral de residuos sólidos, la recomposición de la oferta de energías limpias, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el manejo integral de espacios públicos hacia la policentralidad, y la multigobernanza en los procesos integrales de planificación.
Frente a estas condicionantes es preciso realizar una propuesta de políticas públicas urbanas que contenga un plan urbano metropolitano, que haga uso del reconocimiento legal de la conformación metropolitana (en el caso de Cochabamba) y asumir como modelo para la constitución de estas entidades en Santa Cruz y La Paz, admitiendo la necesidad de atender la integralidad del territorio y establecer, dentro de esta, las atribuciones de cada ámbito gubernamental. El plan, como parte de un sistema de planificación integral debe atender temáticas importantes en materia de suelo y vivienda, garantizando su labor social con deberes y derechos sobre la propiedad y como parte de un sistema de cumplimiento de indicadores que denoten su eficiencia.
El autor es Ph. D e investigador en el CEPLAG – UMSS mkquiroga@yahoo.com
