Los datos del censo modificarán nuestra vida en sociedad y debemos prepararnos psicológica y materialmente para enfrentarlos más allá de la conflictividad.
La Bolivia urbana, metropolitana, del despoblamiento rural, la de servicios escasos y deficientes, de abandono de áreas productivas por el cambio climático y el avasallamiento de otras, encontrará una verificación que debe servir para ajustar las políticas públicas.
Hemos comprobado que el eje ordenador de la población en un territorio no es la existencia de servicios básicos, sino las oportunidades de trabajo y producción que tienen sus habitantes. Estudiamos con la Universidad de Valladolid en España cómo, a pesar de contar con todos los servicios y de calidad, los pueblos de Castilla y León se están “cerrando por jubilación”, pues la salida de jóvenes suspende el recambio generacional.
En Bolivia tenemos dos inconvenientes más que no hemos podido dejar en evidencia y debemos administrar sus consecuencias: la opción ideológica por lo “originario indígena campesino”, en un país cuya población ya vive en torno al 80% en áreas urbanas, y la negación sistemática de la categoría “ciudad” pues no contamos con una Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, discutida, consensuada y archivada culposamente.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo invitó a un debate sobre la “conflictividad social y acceso a la información en la etapa poscensal”, organizado por las fundaciones Jubileo y Construir. La proyección de los datos compartidos, junto a Juan Carlos Nuñez, Fabián Yaksic y Rene Martinez, resulta de una contundencia preocupante por la disminución de recursos que sufren, y sufrirán en mayor proporción, gobernaciones, municipios y universidades. Igualmente, sobre la situación de los municipios respecto a su población considerando que 179 de 339, disminuirán sus habitantes y 284 disminuirán su coparticipación. Esta situación llevada a nivel departamental significará una modificación de las transferencias globales y un ajuste de la representación parlamentaria nacional, en asambleas departamentales y concejos municipales. Deberemos revisar, además, el número de electores, lugar del ejercicio del voto y la geografía electoral para definir nuevas circunscripciones uninominales. Frente a la crisis de la economía, la ausencia de divisas, la provisión de combustible, la inseguridad jurídica, la persecución política, los aprestos golpistas y las aberrantes peleas por el poder en el MAS, el escenario no parece muy auspicioso para la solución de los problemas y la paz social.
Sin embargo, seguiremos viviendo a pesar de todo ello y de los bloqueos de caminos inmisericordes que no se apiadan ni de la producción ni del turismo en los cuales ciframos nuestras expectativas.
Seguiremos insistiendo en la necesidad de un pacto social que enfrente esta agenda tortuosa y nos permita volver al trabajo digno, a la aprobación de políticas públicas para fortalecer competitividad, ciudades intermedias, gestión de territorios metropolitanos y aprovechando el Bicentenario, nos reconcilie para no darle gusto a los malagüeros. Habemos muchos que apostamos, por convicción y valga la metáfora, sembrar un cafetal del tamaño de Bolivia.
