El avance de la frontera agrícola y pecuaria sobre los bosques tropicales se ha convertido en uno de los temas más polémicos a escala mundial, tomando en cuenta los alarmantes niveles de deforestación en el contexto del cambio climático. Una gran pregunta es ¿cómo se viabiliza este descomunal cambio de uso de suelos? En un informe elaborado para la revista digital La Brava, develamos que una de las estrategias de los voceros del agronegocio es maquillar los datos de crecimiento de los cultivos de soya.
Vamos por partes. En primer lugar, situemos el caso de Bolivia en el contexto regional. En abril de este año World Resources Institute (WRI) emitió un nuevo informe señalando a Bolivia, seguido de Laos y Nicaragua, como el país con el mayor aumento de pérdida de bosque, incluso encima de Brasil y Colombia, que ralentizaron sus tasas de deforestación.
Con base en estos indicadores, los informes 179 y 180 de Monitoring of the Amazon and Andean Project (MAAProject) afirman que la soya es el principal conductor de deforestación en el país: casi un millón de hectáreas de crecimiento los últimos 20 años, con un significativo 23% de cultivos menonitas. Estos cultivos se concentran en Santa Cruz y en menor medida en Beni.
Contrario a esta tendencia, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) ha venido afirmando a lo largo de 2023 y 2024 que la última década la expansión de la frontera agrícola soyera en Santa Cruz prácticamente se estancó, llegando a un crecimiento de 3% anual (30 mil hectáreas por año). Nuestros hallazgos indican que en este lapso el crecimiento promedio de cultivos de soya en ese departamento ha sido de 61 mil hectáreas por año (6% anual), basándonos en datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
¿Por qué la Anapo sostiene discursivamente un evidente subregistro del crecimiento de la frontera y del consiguiente cambio de uso de suelos? Señalados como promotores de la deforestación, los actores del agronegocio nacional vienen marcando una pauta discursiva estratégica favorable a su imagen, en la que sostienen que su objetivo ya no es ampliar la frontera a costa de los bosques, sino que pueden “producir más en la misma superficie de hectáreas” o que la introducción de nuevos eventos transgénicos para los que hacen presión no implicarán un “crecimiento descontrolado y agresivo” de la frontera agrícola.
La revisión de las memorias institucionales de Anapo permite constatar su firme objetivo de gestionar la actualización del Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Santa Cruz, como parte de su estrategia de seguridad jurídica sobre la tierra, lo que les permitiría consolidar el cambio de uso de suelo.
Recientemente, un estudio de Müller, Montero y Mariaca (2024) aporta nuevas luces sobre el fenómeno del cambio de uso de suelo de pecuario extensivo a agrícola intensivo: empresas ganaderas que transitan al cultivo de soya por su rentabilidad.
Pero ¿cuál es la realidad del límite de expansión de la agricultura en Santa Cruz? La dirección de Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Santa Cruz admite que no tiene el dato que certifique el avance de la frontera agropecuaria. Acá entra en juego otro fenómeno: el manejo clientelar de la distribución de tierras por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a favor de sindicatos campesinos de tierras altas.
El informe de Müller sostiene que comunidades recientemente creadas, afiliadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), obtuvieron títulos de propiedad sobre tierras fiscales en la Chiquitanía por más de 1,5 millones de hectáreas. Para ser habilitadas, estas tierras deben ser desmontadas y chaquedas.
El INRA no reporta la cantidad de tierra que está distribuyendo ni dónde lo está haciendo: “Hemos pedido información al INE y nos ha sido negada. Y (de) la ABT (Autoridad de Bosques y Tierras), recién el año pasado nos pasaron su cobertura de derechos otorgados. Solo que la ABT cuando te da el desmonte, solo te dice desmonte”, se resigna la dirección de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz. Otros actores con los que no hay cruce información, y existe sobreposición de cambio de uso de suelo, son la Autoridad Jurisdiccional de Minería (AJAM), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los municipios.
Sin los controles, autorizaciones y cruce de datos respectivos, se allana el camino para desinformar sobre la capacidad legal de cambio de uso de suelos.
Como se puede ver en las declaraciones a medios de comunicación por parte de Anapo, las cifras no son congruentes entre las 2,8, 2,9 o 3,8 millones de hectáreas que la institución afirma que puede crecer el sector agrícola.
Esta campaña de desinformación, unida a la falta de información cruzada de las instituciones públicas, oculta el crecimiento descontrolado de la frontera agrícola y el manejo discrecional del cambio de uso de suelo, con enormes pasivos ambientales, como la deforestación, los megaincendios, la degradación de suelos y la consecuente agudización de la sequía.
