Bajo la apariencia de algo deseable, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría estar regalándole a Bolivia un caramelo envenenado. Es decir, que en el envoltorio de la exclusión definitiva del reeleccionismo de Evo Morales, los que en rigor son exmagistrados del TCP han asumido funciones propias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluso emitiendo criterios sobre quiénes pueden o no postular con base en otras gestiones distintas a la presidencial.

En suma, el TCP parece buscar constituirse en una suerte de comisión de control de candidaturas, en un filtro que, dadas las simpatías entre regímenes, podría asemejarse al triste rol cumplido en la autocracia venezolana por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano reducido a una oficina delegada del Palacio de Miraflores que tiene el cometido de impedir las postulaciones que molesten a Nicolás Maduro.

Esto, en Bolivia, no puede hacerse desde el TSE, que tiene una mayor autonomía relativa, al ser fruto su composición de los acuerdos parlamentarios construidos durante el Gobierno de transición. Pero en un TCP cuyos magistrados fenecieron en sus periodos hace casi un año, esa instrumentalización es más factible, a cambio de que el oficialismo acepte que sigan autoprorrogándose en sus cargos, como intentan hacer con el bloqueo de las elecciones judiciales.

A esto es a lo que hacíamos referencia en un artículo anterior, subrayando la necesidad de llegar al proceso de los comicios generales con otros tribunales, al menos salidos de la desprolija preselección vista en las cámaras legislativas, pero con una probabilidad menor de convertirse en las herramientas para terminar de distorsionar e “inclinar la cancha” en la votación de 2025.

De lo contrario, podemos ver al TCP (y otros altos tribunales) transformarse en un “CNE a la venezolana”, inhabilitando candidatos opositores de acuerdo con la marcha de la campaña.

En el caso de Evo Morales, los últimos criterios de los exmagistrados son innecesarios, toda vez que el exmandatario ya estaba inhabilitado por un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por una sentencia dictada por los mismos magistrados del TCP, cuando aún fungían regularmente en sus cargos.

Se trata, en realidad, de una excusa o una “estrategia envolvente” para reducir el malestar que crearía la nueva autoprórroga y la postergación de las elecciones judiciales, además de un precedente que justificaría otras exclusiones de postulantes.

En consonancia con la postura del TSE, los partidos y agrupaciones políticas están respaldando la realización de los comicios judiciales en la fecha prevista: 15 de diciembre. Esto es correcto y únicamente debe tenerse la prudencia o claridad discursiva para no dejar que Evo confunda esa decisión democrática con su propia y destructiva batalla personal.