Javier Milei ha restringido el acceso a la información pública, en un nuevo movimiento de la guerra que libra contra el periodismo. En sus primeros nueve meses como presidente de Argentina, el dirigente ultraderechista se ha negado a realizar ruedas de prensa y ha acusado a los periodistas de mentir sobre su Gobierno y de usar la información con fines extorsivos. Ahora, a través de un decreto presidencial, impide que accedan a aquellos datos que considere de índole privada. Queda guardado así bajo siete llaves el costo de la construcción de los caniles para los perros de Milei en la quinta presidencial de Olivos, pero también toda aquella información que el Gobierno evalúe que no reviste interés público.
El decreto presidencial publicado el lunes modifica la Ley de acceso a la información pública aprobada en 2016. Amplía de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía y establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
La sociedad civil argentina denuncia que la medida supone una regresión en materia de transparencia y de acceso a la información.
Francos no descarta modificar la ley
Ante las críticas por los límites al acceso a la información, el jefe de Gabinete Guillermo Francos señaló que “evaluarán si deben modificar la ley de acceso a la información pública. No hay intención de limitar el acceso a la información pública”.
