La invasión de tierras en Bolivia es un problema que lleva más de 30 años, fundamentado en normas, ideología y prácticas sindicales. Una estructura política e institucional ha facilitado la toma de tierras desde antes del año 2000. Fernando Asturizaga, asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), destaca que las ocupaciones ilegales se han intensificado en las últimas dos décadas.
Casos recientes en Guarayos e Incachaca demuestran la persistencia del problema. En 2000, el Movimiento Sin Tierra (MST) invadió la propiedad Posada del Inca, en La Paz, destruyendo un complejo turístico, lo que refleja la inseguridad jurídica para la propiedad privada y las inversiones.
María Teresa López resume la tragedia de su familia: “Los cabecillas engañaron a comunarios que no eran del lugar y los convencieron de que se trataba de un latifundio. Se metieron con el argumento de que no se cumplía la función económica social, pero lo que hicieron fue ir desmantelando todas las instalaciones del complejo turístico y restaurante, talaron árboles milenarios y destruyeron todo hasta dejarla en ruinas. Las seis hijas que heredamos la propiedad de nuestro padre, hasta ahora llevamos 24 años luchando en un proceso en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que incluso tras emitir el informe en conclusiones e Informe de Cierre en 2016, ahora retrocedió y lo deja sin efecto”.
El abogado Asturizaga recuerda que esta problemática comenzó antes de los años 90, con debates sobre la eliminación del latifundio y la nacionalización de tierras, impulsados por organizaciones que apoyaban al Movimiento al Socialismo (MAS). Este discurso se tradujo en demandas que llevaron a cambios legales, debilitando el derecho de propiedad de productores y empresas agropecuarias.
La violencia, el arma común de las invasiones
La violencia ha sido un rasgo común en estas invasiones, resultando en la destrucción de propiedades y el sacrificio de ganado. Las tierras ocupadas a menudo quedan abandonadas o se usan para actividades no productivas, como canchas deportivas. La Ley 477 Contra el Avasallamiento, promulgada en 2013, no ha frenado estas tomas, que continúan afectando principalmente a medianos y grandes productores en varias regiones del país.
Influencia sindical
Hoy en día, muchas comunidades y barrios en áreas rurales se gestionan mediante estructuras sindicales, las cuales ejercen discrecionalidad en la administración de la tierra. Esta situación lleva a la expulsión de quienes no concuerdan con ciertas decisiones del sindicato y a la asignación arbitraria de terrenos a favor de los allegados a la autoridad comunitaria.
Como consecuencia, numerosos migrantes de otras regiones del país han llegado a Santa Cruz huyendo de este tipo de administración de tierras y de la obligación de mantenerse en comunidad. “En términos generales, estos migrantes no llegaron a formar propiedades colectivas, sino individuales, lo que se ha convertido en un pilar fundamental del modelo productivo cruceño”, explica Asturizaga.
La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria permite que cualquier persona cuestione el derecho propietario y denuncie a un productor por incumplir la FES después de dos años de recibir su título de propiedad. "Esto, evidentemente, sirve como argumento para la toma de tierras", comenta el experto. Cabe destacar que estas tomas se producen antes de que el Estado verifique la pertinencia de la denuncia.
Otro factor relevante es la desinstitucionalización de entidades como el INRA y la ABT, cuyas máximas autoridades no son elegidas conforme a ley desde hace más de 20 años. Esto significa la elección por favoritismo político, sin considerar méritos profesionales, llegando al extremo de que el INRA fue dirigido por una persona sin título profesional, pero supuestamente avalado por organizaciones sociales.
