Las autoridades autoprorrogadas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial deben cesar “automáticamente” de sus cargos el próximo 2 de enero, tras la posesión de las nuevas autoridades elegidas por voto directo, coincidieron por separado los constitucionalistas Ramiro Orías e Israel Quino.
En tanto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo ayer un llamado enérgico a las instituciones bolivianas a buscar con urgencia mecanismos para concluir con la selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del TCP.
La OEA aclaró que este mecanismo debe estar acorde con la Constitución Política del Estado.
Los observadores hicieron notar la situación generada por los magistrados “autoprorrogados” del TCP y que retienen una mayoría de sus miembros en dicho Tribunal.
La OEA se instaló una semana antes en territorio nacional y supervisó la realización de los comicios el día de la votación.
Declaración
Orías y Quino recordaron que la declaración constitucional de la autoprórroga (049/2023) que prolongó a los magistrados por un año con el fin de no generar un vacío de poder establecía condiciones para dar fin a su mandato. Orías mencionó que el condicionante más importante era la realización de las elecciones judiciales “que ya fue cumplida el 15 de diciembre, aunque de manera parcial”.
Los expertos explicaron que la disposición cuarta de la declaración constitucional 049/2023 cesa el mandato a los “prorrogados” pues se dispone la prórroga “hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades (...)”.
Esa disposición tiene dos condicionantes: que sea “fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral”, ambas cumplidas a cabalidad.
Según Orías, el TCP puede funcionar con los cuatro magistrados que saldrán del escrutinio de las elecciones judiciales y el Tribunal Supremo de Justicia con siete jueces. Mencionó que los magistrados pueden atender casos de los departamentos donde no hubo candidatos porque “somos un Estado unitario y la justicia no tiene regiones”.
Quino señaló que la conformación del TCP con cuatro magistrados sería de manera excepcional y transitoria; el TCP conformaría sólo dos salas presididas por un presidente y compuesta por dos magistradas, y, respecto la comisión de admisión, debería conformarse con dos magistrados de forma rotativa y obligatoria.
Quino mencionó la importancia de dar fin al periodo extendido de los prorrogados por encima de lo dispuesto por la ley y de la Constitución Política del Estado es un “atentando a la democracia”.
Orías ve la necesidad de encarar una reforma judicial en el país, pero debe estar encabeza por “magistrados legítimos elegidos en las urnas por el voto ciudadano”.
