Millones de árboles calcinados, millones de animales carbonizados, millones de hectáreas de vegetación quemada y millones de personas impactadas por la humareda, es el resultado de los incendios forestales en Bolivia. Camino al cuarto mes desde el inicio del mayor desastre ambiental en la historia del país, la prensa sigue reportando escenas de dolor inimaginables. No sólo en Santa Cruz hay incendios, también en Beni, La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando y Chuquisaca, aunque la región cruceña es el epicentro. ¿Se pudo evitar esta catástrofe? La respuesta es sí.
Conversando con el embajador. Jaume Segura, jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, en su visita al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) el 27 de septiembre pasado, a tiempo de coincidir con su preocupación por el daño a la naturaleza y el medioambiente, aproveché para agradecerle la ayuda de la UE con los Bomberos FAST que llegaron de España, quienes —azorados— declararon que luego de más de tres meses de incendios, estos eran incontrolables debido a la tardanza en la intervención de los focos de calor, los pocos recursos para combatirlos, la inaccesibilidad a ciertas zonas, la falta de lluvias, la sequía y los vientos que avivan el fuego.
Me permití aclarar, también, que el Modelo de Desarrollo Cruceño que defiende el IBCE, como económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, nada tiene que ver con tal calamidad y le anuncié que escribiría esta columna para desvirtuar la desatinada acusación contra nuestros agricultores y ganaderos, recurriendo para ello al Ing. Alejandro Díaz Salek, expresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), en su condición de productor, conocedor de la temática y defensor de la legalidad, de quien recibí estos sesudos conceptos:
Primero: los gremios productivos jamás van a alentar la producción en áreas protegidas, al enmarcar su actividad en las zonas permitidas por ley.
Segundo: los productores respetan el período de veda de la “quema controlada” que establece la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para usar el fuego como herramienta de manejo en la limpieza de rastrojos de desmonte y/o para realizar quemas prescritas en pastizales naturales.
Tercero: el sector urge que se castigue a los pirómanos: Muchos andan impunes luego de realizar tales atentados contra la propiedad privada y bienes colectivos.
Cuarto: rechazan ser juzgados, con la carga de la prueba de ser inocentes, para evitar multas irracionales que inviabilizan la sostenibilidad económica de la producción, por ejemplo, cuando el fuego de un tercero invade su predio productivo.
Quinto: los productores legalmente establecidos exigen a todos los niveles del Estado, sobre todo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la ABT, el desalojo de los avasalladores de áreas protegidas y predios privados afectados por ser el germen de los fuegos que afectan la vida de los bolivianos y la seguridad jurídica de la producción.
Sexto: demandan que el resguardo de las áreas protegidas sea una tarea del sector público (en todos sus niveles) con los productores privados, y que haya más presupuesto para no mantener las áreas protegidas desguarnecidas.
Séptimo: para restablecer la cordura en el manejo del tema agrario, el Estado no debe entorpecer el funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales.
Con tal aclaración, mal hacen los que interesada, antojadiza, oportunista o destructivamente aprovechan la situación para denigrar la forma de ver y hacer las cosas en el bastión de la economía nacional, cuando los más preocupados por la escalada de los incendios forestales son los productores damnificados por la pérdida de infraestructura, maquinaria, equipos y pasturas para alimentar a sus animales.
El informe “La verdad de la tenencia de la tierra y los incendios” de la Cámara Agropecuaria del Oriente (12.09.24) dio cuenta que el 79% de los focos de calor en Santa Cruz estaban en tierras fiscales y otras áreas, y sólo un 20% en predios agropecuarios, de ahí que se deduce que, mientras la tierra sea una mercancía política para repartirla casi gratis entre los partidarios, los incendios seguirán: “Nadie quema lo que le da el sustento de vida, solamente, quien recibe la dotación de una tierra fiscal que no va a trabajar en agricultura o ganadería y que va a usufructuar de la misma, luego del chaqueo y la quema, para comercializarla y volver a recibir otra dotación y, así, en un círculo vicioso, las veces que sea posible” (abogado Hans Hartmann Rivera, expresidente IBCE).
¿Qué hacer? Tres simples acciones, en un sistema integrado donde, más allá de todo cálculo político, funcionen los tres niveles de gobierno en: prevención, educación y capacitación, para evitar incendios; gestión de contención, bajo el concepto de alerta temprana y, sanción a los culpables que agredan a la naturaleza burlando las normas. Clarísimo, ¿verdad?
