La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó preocupación por una disposición incluida en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite el decomiso de productos a empresas acusadas de “pretender encarecer los precios”. El gremio calificó la medida como arbitraria y solicitó al presidente Luis Arce eliminarla para evitar un clima de inseguridad jurídica que, según afirman, amenaza la iniciativa privada.
En un comunicado, la CNI cuestionó la disposición adicional séptima del PGE 2025, calificándola de herramienta discrecional y represiva que podría ser utilizada para fiscalizar, decomisar o confiscar productos de empresas legalmente constituidas. Advirtieron que esta medida desincentivaría la producción, fomentaría el desabastecimiento, reduciría la inversión y generaría más desempleo.
Además, los industriales señalaron que la disposición podría beneficiar al contrabando y la informalidad, ya que las regulaciones impactarían exclusivamente a las empresas formalmente registradas. En su lugar, propusieron al Gobierno implementar políticas económicas que fortalezcan el desarrollo del sector industrial nacional.
Detalles
La disposición adicional séptima establece que las autoridades competentes podrán “activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos” a quienes retengan, almacenen o intenten incrementar los precios de alimentos esenciales. Según el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, esta medida busca combatir prácticas de agio y especulación, respaldando operativos para garantizar precios accesibles.
Silva explicó que los productos decomisados serían comercializados a precios justos, citando como ejemplo el arroz, cuyo precio suele aumentar por estrategias de almacenamiento especulativo. “Lo que se quiere evitar es el estocamiento con fines de agio y especulación”, declaró.
El sector industrial advirtió que la aplicación de esta disposición podría tener graves repercusiones económicas. Señalan que las empresas, especialmente las micro y pequeñas, podrían reducir o incluso detener su producción para evitar los riesgos asociados a los controles arbitrarios. Esto —argumentaron— agravaría el desabastecimiento y reduciría la recaudación tributaria.
Asimismo, cuestionaron que, mientras países vecinos refuerzan incentivos para atraer inversiones privadas, Bolivia estaría adoptando medidas que desalientan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros.
El Gobierno defiende la disposición como un instrumento clave para proteger a los consumidores de prácticas especulativas que afectan su acceso a productos básicos. “Todos los niveles de gobierno actuarán para garantizar el abastecimiento y evitar que los alimentos esenciales se encarezcan injustificadamente”, aseguró Silva.
Por su parte, los industriales insistieron en la necesidad de abrir un diálogo con las autoridades para buscar un equilibrio entre la protección al consumidor y la seguridad jurídica, que permita fomentar la producción y la inversión en el país.
