Al Gobierno del presidente Luis Arce sólo le queda enfrentar el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos de Humanos (Corte IDH) por el caso Hotel las Américas y cumplir la sentencia de este organismo internacional, coincidieron juristas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó oficialmente el viernes ante la Corte IDH el caso 13.546 de Bolivia, que refiere al asalto policial al hotel Las Américas que ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, en abril de 2009. El organismo internacional concluyó que Bolivia es “responsable por la violación de derechos, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, a la protección a la honra y dignidad y a la protección judicial”.
Sobre el tema, el abogado Gary Prado Arauz señaló que el Gobierno boliviano se enfrentará a importantes repercusiones legales, incluyendo la obligación de indemnizar económicamente a las víctimas del operativo policial llevado, además de otras reparaciones por la vulneración de derechos humanos.
Explicó que, además de las indemnizaciones, el Estado boliviano también estará obligado a iniciar procesos penales contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos, lo que podría involucrar a jueces, funcionarios y altos mandos del gobierno de aquel entonces, incluyendo al expresidente Evo Morales y al actual vicepresidente David Choquehuanca.
Por su parte, el abogado y activista en Derechos Humanos Franco Albarracín señaló que sentencia de la Corte IDH en el caso Hotel Las Américas será inapelable, imprescriptible y transfronterizo.
Mencionó que hay muchos indicios de responsabilidad de Bolivia que fueron señalados en el informe de la CIDH; se suma el hecho que Bolivia no cumplió con las recomendaciones; situación que restará en la defensa del Estado.
Reparación
Uno de los afectados, el boliviano-croata Mario Tadic, que sobrevivió al operativo policial en el hotel Las Américas, señaló que espera que la sentencia que emita la Corte IDH contra el Estado boliviano permita procesar a los responsables directos e indirectos que ordenaron las ejecuciones extrajudiciales.
Tadic dijo que al menos en dos años se conocerá el dictamen de la Corte y, entonces, dependerá de las alianzas políticas que existan en el país para ver si el proceso contra los culpables prospera, aunque duda que tenga un buen resultado.
Informe de la CIDH caso terrorismo
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH remarcó “la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Dwyer y atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte. Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal”.
Asimismo, subrayó que estas detenciones, ejecutadas en 2009, fueron ilegales y arbitrarias, ya que “no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna”.
