La realización de las elecciones judiciales previstas para diciembre está en vilo después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara desiertas a los altos cargos de ese esa corte y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en cinco de las nueve regiones del país.
Sobre el tema, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi advirtió que existiría injerencia del TCP en el proceso de elección judicial. “En ningún país del mundo se paraliza un proceso electoral parcialmente. Esto puede llevar a una anarquía como Estado”, dijo.
Insistió en que el TCP debe respetar el principio de preclusión, ya que ninguna actividad del calendario electoral puede ir hacia atrás; sin embargo, aseguró que aún no fueron notificados.
El TCP declaró desierta la convocatoria para magistrados del TSJ en Beni y Pando; y para el TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Para el diputado Marcelo Pedrazas, la anulación de las elecciones para el TCP en cinco departamentos pretende prorrogar por más tiempo a cinco de los nueve tribunos, haciendo mayoría para tomar decisiones. “Al hacer sala plena van a resolver otras decisiones más complejas que tienen que ver con el sistema democrático en el país, que tienen que ver con la pugna del Movimiento Al Socialismo y sus siglas y otras decisiones que pueden alterar el orden constitucional”, agregó.
El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa calificó la resolución del TCP como atentatoria contra la democracia boliviana. “En un nuevo golpe a la democracia, violando los principios de separación de poderes y asumiendo el rol de juez y parte, los (magistrados) autoprorrogados deciden eliminar la elección del Tribunal Constitucional y cercenar la elección del Tribunal Supremo”, escribió Mesa en X.
Según Mesa, los magistrados pretenden “prolongar indefinidamente su inconstitucional ejercicio de cargo, favorecer al MAS en las elecciones de 2025, proteger la corrupción y perseguir opositores”.
El senador Félix Ajpi consideró que la sentencia fue alentada por el Órgano Ejecutivo para evitar que se lleve las elecciones judiciales. Sospecha que la intención es mantener a los mismos magistrados hasta las elecciones generales y subnacionales.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, abogó por el cumplimiento de la Constitución y aseguró que al Órgano Ejecutivo sólo le corresponde garantizar el presupuesto para el proceso electoral y que el TSE es la institución encargada de la organización de los comicios.
Etapa de difusión de los méritos
El calendario electoral para las justas judiciales marca el periodo de difusión de méritos de los postulantes.
En 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero, como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un “vacío de poder”.
