El pasado viernes, en una acción planificada y advertida con anterioridad, grupos irregulares armados invadieron tres cuarteles de la Novena División de Ejército acantonada en el Chapare, reduciendo a los oficiales y a la tropa, tomando como rehenes a más de 200 efectivos y apoderándose de la totalidad de su armamento, municiones, vehículos y equipamiento. La toma, realizada sin resistencia, fue transmitida a través redes sociales por los mismos perpetradores que se identificaban abiertamente, y fue respondida recién ocho horas después, por un tibio comunicado del Comando en Jefe, que les instaba a “deponer esas actitudes” y aclaraba que los soldados bajo bandera, eran “hijos del pueblo”.
La noticia dio vuelta al mundo y, además de evidenciar la gravedad de la crisis social que afecta a nuestro país, mostró la completa inermidad de nuestras Fuerzas Armadas frente a la acción belicosa de los grupos fanatizados que, bajo cualquier argumento, se arrogan la potestad de asaltar la propiedad del Estado, tomar rehenes o asumir el control de armamento militar, sin ningún miramiento ni temor a las sanciones.
No fue el único caso. Días antes, un grupo de individuos que bloqueaban la carretera Santa Cruz-Cochabamba, a la altura de Mairana, enfrentaron y redujeron a las fuerzas del orden que intentaban despejar la ruta, tomando como rehenes a 14 personas entre policías y periodistas. Como ocurrió en el Chapare, los violentos manifestantes grabaron y difundieron imágenes de sus prisioneros, sometidos a vejámenes, insultos y golpes, y se mostraron desafiantes en las cámaras. Unos días después, con intervención de la Defensoría del Pueblo, se logró la liberación de los rehenes, a cambio de la entrega de igual número de detenidos por la policía, cual si se tratase de los intercambios que ocurren en periodo de guerra.
En 21 días de bloqueo, 91 policías fueron heridos, algunos de ellos de gravedad, debido a la belicosidad y al uso de dinamita por parte de los movilizados. Los uniformados no pudieron reaccionar en proporcionalidad a los ataques recibidos debido a las reglas autoimpuestas de reducir al mínimo el uso de la violencia, y de no portar ningún tipo de arma de fuego.
Aunque en los casos descritos se evidencia la comisión de varios delitos, la experiencia de más de 20 años de conflictividad permanente en nuestro país muestra que, al final, estos hechos no serán sancionados ya que la resolución del conflicto terminará aplicando la perversa tradición de exonerar a los delincuentes.
La impunidad política, admitida incluso por el sistema judicial, muestra la naturalización de la descomposición institucional y la completa inversión de los valores y las normas de convivencia en nuestra sociedad. La paradoja es especialmente notoria en las contravenciones que cometen los grupos sociales corporativistas, que hoy en día se consideran políticos y no delictivos, alcanzan protección supraconstitucional y tienen más defensores que las víctimas de sus excesos.
De hecho, los individuos que están movilizados desde hace más de 20 días cometen varios tipos de delitos: el bloqueo (que en sí mismo es una vulneración del derecho humano a la libre circulación), el uso de la violencia contra efectivos policiales, la toma de rehenes, y el asalto a la propiedad pública: delitos penales por los que cualquier ciudadano sería perseguido y encarcelado sin mayor trámite.
Pero la irracionalidad que impera en el país, ha invertido la lógica de la violencia, otorgando a los movimientos sociales, una especie de supremacía natural que ya no solamente les permite vulnerar derechos de terceros, sino también ejercer acciones criminales en contra de las fuerzas del orden. Incluso se les otorga la prerrogativa de negociar impunidad para impedir que el sistema judicial pueda investigar los delitos que se cometen en las protestas y que muchas veces incluyen muertes, lesiones graves, ataques a periodistas, destrozo de propiedad pública y privada, coacciones a conductores, impedimentos del paso de ambulancias y otros.
Hemos visto la diligencia del Defensor del Pueblo para asegurarse de que los bloqueadores detenidos, que atacaron con violencia a policías en Parotani, sean bien tratados y se respeten sus garantías, pero no para verificar las condiciones inhumanas que soportan los choferes retenidos en los caminos, la situación de los soldados rehenes, o de los campesinos y productores empobrecidos por el bloqueo.
La crisis económica, institucional y política que enfrenta nuestro país, parece ser finalmente el resultado de una enfermedad social que nos lacera y que ha deformado nuestra capacidad para distinguir el bien del mal, que ha convertido la comprensión en permisividad, la tolerancia en cobardía y la igualdad ante la ley en una frase vacía. Mientras no seamos conscientes de esta contradicción absurda, los bloqueadores, los violentos, los asaltantes y los demagogos seguirán teniendo la palabra, la razón y el poder.
