Por más que las instancias estatales aseguren que se trata de “rumores” y “especulaciones”, la provisión de combustibles líquidos —diésel y gasolina— atraviesa dificultades crecientes que se traducen en la menor disponibilidad de esos productos, a pesar de las medidas gubernamentales impuestas al respecto hace poco más de un mes.
Esas medidas que endurecen los controles y limitan los volúmenes de la compra/venta de combustibles tienen el fin de combatir el desvío ilegal de esos productos, especialmente el contrabando a países vecinos donde su comercialización es altamente lucrativa para quienes la practican.
El resultado de esos controles parece espectacular: desde principio de año se incautaron 347.218 litros de gasolina y diésel, informaba el lunes último el Ministro de Hidrocarburos. Con esas acciones, el Gobierno espera ahorrar 250 millones de dólares hasta el fin de 2023.
En 2022, Bolivia consumió un promedio diario de 6,18 millones de litros de diésel y 5,9 millones de litros de gasolina, según datos oficiales. La importación de esos carburantes costó al Estado 1.313,5 millones de dólares para gasolina, y 2.944,7 millones de la misma moneda para diésel.
Es cierto que 2022 fue un año crítico para los precios internacionales del petróleo y sus derivados debido al inicio de la guerra en Ucrania. Pero es muy difícil que las condiciones mejoren de manera significativa. Y el consumo de combustibles en el país tampoco dejará de aumentar, debido al constante crecimiento del parque automotor.
Así, las dificultades episódicas en el abastecimiento de combustibles ocurridas en el último mes podrían repetirse, y quizás con mayor frecuencia.
Dos factores estarían en el origen de la escasez parcial de combustibles, explica el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos: las deficiencias logísticas resultantes del incremento de los volúmenes importados, y la falta de recursos económicos para cubrir los costos.
Hace un mes, el Vocero Presidencial corroboró lo dicho por Ríos respecto de los fondos, al admitir que la escasez de dólares “genera un inconveniente para comprar combustible, porque el combustible se compra con dólares”.
Todos los factores enumerados no van a cambiar su tendencia en un plazo mediano a largo, como tampoco cambiará la política estatal de subvencionar los combustibles.
Así, parece urgente que el Gobierno encare el asunto con transparencia y apertura, eso implica la opción del ahorro en el consumo de combustibles, es decir su racionamiento.
Eso tendría posiblemente un costo político, pero sus consecuencias serán menores que una mayor escasez cuyos efectos perjudiquen aún más al sector productivo, especialmente al de alimentos.
