Una vez más, una noticia de linchamiento estremece a la población boliviana: Se trata de tres hombres ajusticiados en la localidad de Ivirgarzama (trópico de Cochabamba), acusados de haber secuestrado a una pareja.
Según los datos preliminares, fueron sorprendidos por vecinos cuando secuestraban a una pareja, a la que tenían maniatada en un vehículo.
La Policía pudo rescatar a la pareja y aprehender a los tres sujetos, pero los comunarios rodearon la comisaría y sacaron a los tres hombres, los sometieron a golpes y dos de ellos fueron quemados. Nos ahorramos aquí los detalles del suplicio. Baste con informar que fallecieron los tres y se habla de un cuarto que se habría dado a la fuga. Además, los vecinos quemaron el vehículo de los presuntos secuestradores.
Este relato, detalles más, detalles menos, parece la repetición de alguna otra ejecución en la que las multitudes hacen justicia (si se puede llamar así) por mano propia.
En este contexto, dos son las precisiones que podemos hacer desde este medio. La primera: condenar enérgicamente este tipo de ejecuciones propias de la barbarie, sin proceso judicial, sin derecho a la defensa, sin que haya la posibilidad de escuchar a los denunciados, es decir, sin las más mínimas garantías de los derechos humanos.
Quienes defienden estas prácticas levantan los crímenes de los ajusticiados: eran secuestradores, eran violadores, eran ladrones… Desde este medio pensamos que hasta el más vil de los delincuentes tienen derecho a la defensa y a un juicio justo, esto descontando lo establecido en la Constitución Política del Estado de que la pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto, conforme, además, a convenios internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.
Otro detalle no menor: ¿Quién da derecho a los individuos escondidos en una turba de quitar la vida a otra persona, así se trate del peor delincuente?
Lo segundo. Esto sin ningún ánimo de justificar el linchamiento (ya dijimos que lo condenamos enérgicamente), sino más bien para buscar soluciones. Hay que hacer notar que si la gente procede de esta manera es que ha perdido toda fe en la justicia, en la seguridad ciudadana y en los procedimientos y autoridades judiciales. La población siente que ninguna de estas instancias le hará justicia ni la protegerá. Por ello deja rienda suelta a su rabia e instintos básicos, y amparada en el anonimato y la turba procede de esta manera. En algún momento le llamaron “justicia comunitaria”, “justicia ordinaria”, como buscando algún justificativo para ajusticiar por mano propia.
Esta es otra tarea que queda en manos de nuestras autoridades: el de buscar una reforma judicial que garantice que se procesará a los culpables como corresponde y se protegerá a los inocentes. Este duro episodio nos reclama una vez más reforma judicial y seguridad ciudadana.
