Ante la movilización de un grupo de militares, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado condenando la salida de los militares, una situación que no se veía desde 1982, cuando el país cerró el capitulo de las dictaduras.
El comunicado estuvo dirigido a la comunidad internacional y a instancias de derechos humanos y advirtió sobre movimientos militares inusuales en las inmediaciones de la plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por el posible riesgo para la democracia en Bolivia y exhortó a todos los actores sociales a priorizar la defensa del estado de derecho, la constitucionalidad y la preservación del sistema democrático.
La institución defensorial recordó la importancia de mantener la estabilidad política y social en el país, especialmente ante la reciente declaración del comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, que ha generado inquietud por su posible impacto en la vida política del país.
La Defensoría enfatizó que, según los artículos 245 y 246 de la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas de Bolivia no deben deliberar ni inmiscuirse en asuntos políticos, y resaltó la necesidad de que esta normativa sea respetada para asegurar la democracia.
Este llamado se da en un contexto de creciente tensión, en el cual las movilizaciones militares en áreas clave del Gobierno han suscitado preocupación.
La Defensoría del Pueblo ha declarado que seguirá vigilando de cerca el desarrollo de los acontecimientos y se compromete a hacer todo lo necesario para garantizar la integridad del sistema democrático en Bolivia.
