El vasto, espectacular y prolongado operativo ejecutado por policías y militares el viernes último a orillas del río Madre de Dios, en el municipio de Riberalta, es una señal positiva de que el Gobierno apunta a combatir la minería aurífera ilegal.
Se trata de una actividad que genera enormes ganancias, tributos al Estado, beneficios pecuniarios para los trabajadores y sus familias, y también graves daños al medioambiente y las personas, maltrato a los indígenas de las tierras bajas y probablemente una cadena de acciones delictivas.
Precisamente por la complejidad que caracteriza a la extracción de oro y su comercio, la manera de encararlo merece intervenciones en varios frentes y una acción sostenida en el tiempo.
Espectacular, el operativo del viernes, encabezado por el propio Ministro de Gobierno, desplegó 90 efectivos en vehículos aéreos, terrestres y acuáticos que intervinieron en comunidades ribereñas del río Madre de Dios, donde destruyeron “de manera inmediata” 27 dragas.
Aprehendieron a 57 personas. El lunes, la Fiscalía imputó a todas por explotación ilegal de minerales y tenencia ilícita de armas, 19 de ellas fueron encarceladas en detención preventiva y el resto guardarán detención domiciliaria.
En Riberalta y otras poblaciones benianas, las reacciones de rechazo al operativo no demoraron: mototaxistas, fabriles y balseros bloquearon las carreteras.
Y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) —que ha reclamado en varias ocasiones por los perjuicios de la minería para los habitantes de los lugares donde se realiza esa actividad— cuestiona al Gobierno.
“Exigimos (…) realizar un trabajo serio de investigación para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal (…). Exigimos que sean estos responsables quienes sean aprehendidos y no los trabajadores más vulnerables”, señala la Contiocap en un comunicado.
Es una exigencia razonable, pues la acción del Estado debe conducir a la detención de los propietarios de las 27 dragas cuya destrucción significó una afectación “por un valor de 1,5 millones de dólares” a estas actividades ilícitas”.
Al parecer, el Gobierno está decidido a ir más allá de intervenciones como la del viernes, sin duda necesarias pues, según los indígenas tacana existen más de 300 dragas que extraen oro en el río Madre de Dios y contaminan esas aguas con mercurio.
Precisamente esa contaminación está en la mira de tres ministerios que ayer anunciaron acciones para controlar y disminuir el uso indiscriminado de mercurio en la minería aurífera.
