El 55 por ciento de los votos en las elecciones de 2020 parecía ser suficiente garantía para gobernar sin conflictos; sin embargo, Luis Arce Catacora tuvo que retroceder en tres oportunidades a lo largo de su administración para evitar una confrontación con los sectores sociales, que, en su momento, rechazaron normativas del Ejecutivo.
El último caso se refiere a la abrogación del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales, el cual fue observado por gremiales, activistas y cívicos que amenazaron con medidas de presión si la norma seguía vigente.
“En esta amplitud que nos ha caracterizado, hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto para evitar cualquier distorsión”, señaló Arce en una declaración de prensa, ayer en la Casa Grande del Pueblo.
Al momento de dar su mensaje, el Mandatario estaba acompañado del vicepresidente, David Choquehuanca, y del ministro de Justicia, Iván Lima, además de los dirigentes de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad y de la Central Obrera Bolivia (COB).
Arce, pese a su decisión, dijo que el decreto abrogado es una buena medida, pero “seguramente hemos tocado intereses que no quieren que se modernice Derechos Reales”. Además, denunció que “hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país en las próximas semanas”.
No se trata de la primera vez que toma este tipo de decisiones para evitar una convulsión en el país. En octubre de 2021, en un intento de detener la escalada de protestas, el Gobierno decidió retirar de su tratamiento el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Cámara de Senadores.
El comunicado fue oficializado en una conferencia de prensa ofrecida por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien admitió deficiencias en el proceso de socialización. Lo sorprendente, en ese tiempo, es que la oposición a esa norma provino de sectores aliados al Gobierno, como los transportistas, gremiales y cooperativistas mineros, quienes estaban “preocupados” ante una ley que podía investigar las fuentes de sus fortunas.
En enero de 2022, hubo otro retroceso, pero esta vez relacionado con la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación contra la Covid-19 para realizar trámites en entidades públicas y privadas. La norma ya estaba puesta en vigencia, pero sólo duró seis días, pues fue paralizada por el Primer Mandatario.
Lo cierto es que la movilización o el anuncio de movilizaciones de sectores sociales han logrado que el Gobierno dé un paso atrás en medidas que prácticamente estaban blindadas y tenían un objetivo claro.
