Los bloqueos liderados por Evo Morales y sus seguidores han entrado en su segunda semana, sin señales de resolución y, más al contrario, con amenazas de radicalización.
El panorama es sombrío. Las pérdidas económicas de la primera semana ascienden a 458 millones de dólares. Cada día de bloqueo cuesta al país entre 91 y 92 millones de dólares, lo que ha provocado una paralización del transporte de mercancías esenciales como combustibles y alimentos, además de obstruir los viajes por tierra. Cochabamba, punto neurálgico de las rutas nacionales, ha sido virtualmente cercada, afectando no solo al aparato productivo, sino también a las familias que necesitan alimentos.
Este tipo de acciones no solo golpea la economía, sino que amenaza con crear una crisis social de dimensiones aún mayores. El precio de la carne de pollo ha experimentado un incremento notable en La Paz, pasando de 16 a 20 bolivianos. En Cochabamba, por el contrario, los avicultores comienzan a rematar sus productos al no poder llevarlos para la venta a otras regiones del país. El Gobierno ha intentado remediar el problema de alimentos a través de Emapa, pero la demanda en puertas de esta instancia también ha sido elevada.
A su vez, los bloqueos han impedido la llegada de más de 100 cisternas diarias con combustible, afectando especialmente a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, que ya aplican el horario continuo, desde hoy y por tres días, para reducir el impacto de la escasez.
Ante este escenario, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha advertido de los efectos “devastadores” que estos bloqueos están causando a la economía nacional. Y es que no estamos hablando solo de grandes empresas o del sector exportador; los pequeños comerciantes, los agricultores y las personas de a pie ven cómo su sustento se desvanece por los bloqueos.
Es imperativo que se tomen medidas legales para restablecer el orden y garantizar el libre tránsito en el país. La Constitución otorga a las autoridades la facultad de actuar en defensa del bien común, y en este caso, es claro que los bloqueos no están motivados por un interés social generalizado, sino por demandas personales.
La radicalización de las medidas anunciadas por los bloqueadores solo traerá más caos, y ya estamos viendo los efectos en la vida diaria de las personas: desabastecimiento, precios en alza, y un sistema productivo en jaque. La solución a este conflicto no puede ser la pasividad, y mucho menos la indiferencia frente a las leyes. El Estado debe actuar con firmeza para devolver la normalidad al país, no solo para proteger la economía, sino para defender el derecho de los ciudadanos a vivir en paz y con estabilidad.
