A medida que se fortalece la presencia del Estado en la sociedad, aumentan los procedimientos administrativos. En otras palabras: más Estado, más funcionarios públicos y procedimientos. El problema a esto, fuera del gasto económico que representa mantener tantos funcionarios, afecta también en los procesos de implementación de políticas públicas para el desarrollo.
Eso, en razón de que la sobreabundancia de funcionarios va a incidir, en la multiplicación de las etapas o procedimientos que se deben cumplir entre el diseño de una política pública y su implementación. En otras palabras, para cumplir una obra o proyecto desde el Estado, el trámite va pasar por más manos antes de poder ser ejecutada, eso va a sobrecargar e incrementar el tiempo de realización de un trámite administrativo y en términos reales hacer del país un infierno burocrático.
Donde se observa esto con mayor énfasis, es en la planificación: mientras más funcionarios públicos haya, va a ser más difícil coordinar, es decir, tener la capacidad de que los funcionarios puedan interactuar entre ellos y resolver problemas en una acción colectiva. Mientras más grande es el Estado, más caótica será la relación entre sus instancias. Esto se evidencia, por ejemplo, en los trámites: ¿por cuántas manos pasan antes de concluirse? O una demanda social, ¿qué tanto tiene que hacer la ciudadanía para satisfacer una necesidad?, ¿cuántos filtros y procedimientos técnicos tienen que superarse antes de resolver una situación problemática en el país?
Todas esas dificultades y falencias se producen porque, al haber tantos funcionarios públicos y existir problemas de coordinación entre instancias, los gobiernos van a realizar procesos de planificación estáticos y rigurosos pues lo que va a importar no es tanto analizar la situación que los ocupa, como cumplir y ejecutar órdenes. El gran problema de esto, es que al estar cerrada esta planificación no va a existir la forma en la que se incluya a la ciudadanía en los proyectos, ya sea para realizar control social o ser escuchados en sus demandas.
Esta situación afecta cualquier iniciativa de políticas públicas y también los resultados que se podrían conseguir, ya que no permite abordar de manera flexible las problemáticas. Al contrario, la sociedad es dinámica, los problemas cambian rápidamente y a veces las respuestas preparadas ya no son suficientes para solucionarlos. En una planificación flexible, se pueden realizar ajustes necesarios para que el resultado sea óptimo, cosa que no pasa en una planificación rígida, porque los ajustes van a estar cerrados y muy sobrecargados por distintas unidades y funcionarios.
Entonces, mientras más funcionarios públicos haya, más rígida va a ser la planificación. Es decir que será más importante cumplir los procedimientos que obtener resultados satisfactorios para los problemas.
En contrapartida, si se tienen sólo los funcionarios públicos necesarios para ejecutar los procedimientos, será más posible y fácil dar espacio a la flexibilidad del diseño y, por tanto, centrarse más en el resultado que en el procedimiento.
Por todo ello, una planificación flexible y controlada es un buen recurso para la correcta implementación de políticas públicas.
