Para Bolivia, 2024 puede ser el año más complejo y desafiante que haya vivido en su historia reciente. Los conflictos que se han agudizado en los últimos años van a confluir desde los primeros días de gestión generando un escenario de alta volatilidad que podría desafiar las capacidades y fortalezas del modelo político y económico que rige en Bolivia desde hace tres lustros.
Quizá el problema más urgente de 2024 sea la inminente crisis económica. La caída extrema de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la escasez de dólares pueden tener consecuencias críticas en la capacidad de asegurar la compra de carburantes del exterior, las importaciones de bienes, el pago del servicio de la deuda externa y otras obligaciones que requieren de esa moneda.
La crisis de las RIN y la caída de ingresos por el gas parecen haber llevado al país a situación límite que podría tentar al Gobierno a tomar medidas desesperadas como la retención de dólares de las exportaciones o el uso de los ahorros de la jubilación. Tales decisiones generarían una debacle del comercio exterior, una crisis social creciente y/o la formalización un tipo de cambio variable con tendencia al alza constante.
El problema económico puede derivar, además, en un incremento de la inflación, disminución de la demanda agregada, iliquidez para las empresas y ajuste en las subvenciones, e incluso peor si se repiten los desastres naturales ocasionados por el cambio climático, si los enconos políticos continúan bloqueando las iniciativas económicas y si la conflictividad social se generaliza.
Sin embargo, aún en su gravedad, estos problemas pueden generar una oportunidad si logran acelerar algunos cambios sustantivos que ayuden a mitigar los daños, y a reorientar la economía hacia un modelo triangular de estabilidad, diversificación y crecimiento.
El Gobierno, ante una amenaza real de recesión, podría en 2024, abrirse a eliminar los cupos a las exportaciones y aprobar el uso de la biotecnología, dinamizar el crédito productivo, permitir la participación del sector privado en sectores donde actualmente rige el monopolio estatal, garantizar la protección de la propiedad y el capital empresarial, eliminar las barreras a la producción y el comercio internacional y sobre todo generar una política eficiente de atracción de inversión extranjera directa. Lamentablemente, incluso con estas medidas, los problemas previstos para 2024 parecen inevitables.
Otro gran desafío proviene del sector político. Las elecciones judiciales ya postergadas debieran realizarse en 2024 pero para ello necesitarán de acuerdos y consensos en una Asamblea Legislativa cada vez menos eficiente y más dividida. El interinato forzado por las actuales autoridades puede extenderse incluso durante toda la gestión, lo que en sí mismo constituye un debilitamiento de la institucionalidad democrática. Las primarias de los partidos y los referéndums revocatorios serán eventos propiciadores de una gran movilización ciudadana, pero no parecen tener el potencial de resolver disputas y tensiones de un sistema de partidos fragmentado y con serios problemas de legitimidad y aprobación públicas.
Un evento trascendental de 2024, será el Censo de Población y Vivienda, cuyos datos finales mostrarán la realidad social y económica del país. Además, nos permitirán tener las herramientas para proyectar el futuro a partir de información estadística más certera. Sus resultados también serán el argumento para un conflicto político mayor entre las regiones y el Estado por la redistribución de escaños, la elaboración de un nuevo padrón electoral y la coparticipación tributaria actualizada.
Para enfrentar los problemas que se avizoran en 2024 necesitamos dos condiciones: liquidez y confianza. El único camino viable en el primer caso es apelar al crédito internacional de emergencia, para lo cual urge negociar con los organismos multilaterales, disminuir el gasto público superfluo y gestionar la aprobación de los préstamos en la Asamblea Legislativa. Respecto de la confianza, no se va a conseguir si no hay un acuerdo nacional entre el Estado y el sector productivo que permita liberar las capacidades del sector empresarial, garantizar la inversión privada nacional y extranjera, y promover el incremento de la oferta y la demanda.
Estamos frente a un año de grandes riesgos y grandes oportunidades. Ojalá que todos, gobernantes y gobernados, podamos enfrentar los problemas con unidad, entereza, compromiso y generosidad, valores esenciales en momentos de grandes dificultades como los que nos tocará vivir muy pronto.
El autor es industrial y expresidente de la CEPB
