El anteproyecto de ley “Lo ajeno no se toca” pretende endurecer las sanciones contra los delitos contra la propiedad, pero plantea preocupaciones significativas sobre la justicia y los derechos humanos en Bolivia. Si bien busca imponer penas más severas para los delitos de apropiación de bienes ajenos, como el robo, el hurto, el abigeato y el juqueo, su implementación podría significar un retroceso de 25 años en los procedimientos penales del país, alejándose de las tendencias actuales en política criminal y los tratados internacionales de derechos humanos.
Este anteproyecto propone la creación de un nuevo tipo penal, el “Apoderamiento Flagrante de la Cosa Ajena”, con sanciones de hasta siete años de prisión sin derecho a libertad condicional para quienes sean encontrados en flagrancia por la policía al cometer estos delitos. Sin embargo, sus disposiciones plantean serios riesgos para la justicia y los estándares internacionales de derechos humanos en cuanto elimina roles definidos para el acusado, el juez y Ministerio Público, así como la responsabilidad de este último en la investigación y la acusación. Además, restringe el derecho a un juicio público, y limita las posibilidades del acusado de ser informado, presentar pruebas de descargo y contar con un abogado defensor. Más preocupante aún, obliga al juez a basar sus fallos en informes policiales en lugar de la evidencia y la presunción de inocencia, vulnerando principios fundamentales de un proceso justo y transparente.
Estas disposiciones constituyen una franca vulneración de las garantías constitucionales de los bolivianos, así como de los principios legales que prohíben las condenas sin juicio previo y proceso legal adecuado. Además, otorgan poderes amplios a una policía que ha perdido legitimidad y respeto por parte de la ciudadanía, como evidencian recientes abusos policiales y violaciones de derechos humanos.
En lugar de abordar las verdaderas causas de los problemas en el sistema de justicia, como la corrupción, la falta de independencia judicial, el bajo nivel de formación de los funcionarios judiciales, la pobreza, marginalidad y exclusión, el anteproyecto de ley parece recurrir al populismo penal como solución. Esto refleja una falta de comprensión del derecho y las normas internacionales, así como una negativa a abordar las deficiencias estructurales del sistema judicial boliviano.
Hermanos bolivianos y bolivianas, otorgar poderes amplios a una policía carente de legitimidad y respeto sólo servirá para perpetuar los problemas en el sistema de justicia y los derechos humanos en Bolivia. Es fundamental abordar las causas subyacentes de estos problemas y garantizar la independencia judicial y el respeto de los derechos humanos para lograr una verdadera reforma del sistema de justicia en el país. Lo que menos se hace en nuestro país.
