El kilo de tomates trepó en los primeros días de junio de 6 a 17 bolivianos en los mercados de la ciudad de Santa Cruz, reportan las principales redes de televisión. Al otro lado del país, en la urbe alteña, la caja de tomates producidos en los valles bolivianos incrementó su costo de 160 a 250 bolivianos. La gente comenzó a acopiar arroz, azúcar, harina, lentejas, fideos, quinua y otros productos, como ocurría en la UDP. ¿Qué es eso?, preguntarán los jóvenes. Fueron los tiempos de la hiperinflación, a principios de los 80, hace cuatro décadas.
La novedad en estos días han sido las filas de vecinos en la capital cruceña en busca de garrafas de GLP y la verificación, por parte de periodistas y medios de comunicación, de que, así como sucede con el dólar estadounidense, hay un mercado paralelo en el que se puede adquirir gasolina o diésel a 7 bolivianos el litro o garrafas de gas a 40 bolivianos, sin hacer colas. Hay especulación, claro que sí, pero es otro síntoma de la crisis que enfrenta el país después de décadas de estabilidad económica.
En su burbuja, en su universo paralelo, los jerarcas del Estado cuentan los billetes adicionales y no pueden dejar de sonreír. Mandatarios, parlamentarios —oficialistas y opositores—, ministros, comandantes, burócratas de empresas estatales y ciertas autoridades subnacionales, entre otros, se sienten blindados con los montos de aumento salarial con carácter retroactivo que han hecho efectivo en los primeros días de este mes.
De nada sirvió que quienes saben de economía hayan recomendado reducir el déficit fiscal como una medida de emergencia para paliar la crisis o hayan advertido que el incremento salarial representará una carga adicional de 200 millones de dólares. ¡No pasa nada!, dirán los gobernantes. Creen que con la distribución de dinero a la burocracia estatal se aseguran la lealtad de más de 700.000 empleados públicos y sus familias, además de impulsar la demanda interna, una de las claves del modelo económico masista.
El tamaño del problema y el tamaño de la solución varían, según las variables utilizadas para hacer los cálculos relacionados con el estado actual de la economía nacional. Juan Antonio Morales cree que se necesitarían al menos 7.000 millones de dólares para superar el momento crítico, Samuel Doria Medina estima que serían 10.000 millones, mientras Jorge Quiroga subió su cálculo a 12.000 millones de dólares. La coincidencia es que habría que encarar una acción de salvataje vía créditos ante organismos internacionales de financiamiento que, por supuesto, vendrían atados a condicionamientos como, por ejemplo, reducir el gasto público que demanda mantener a la elefantiásica burocracia en los tres niveles estatales.
Sin embargo, la consigna en el Ejecutivo es: nada con el Fondo Monetario Internacional. Más que una postura de carácter ideológico, el rechazo busca evitar que el evismo acuse al gobierno de Luis Arce de entreguismo a los mecanismos financieros del imperialismo. ¿Entonces cómo salir de la crisis que se agudiza cada día?
El viaje del mandatario a Rusia parece ser la apuesta gubernamental. Se trata de proponer y esperar que se ponga en marcha un complejísimo esquema que incluye un swap entre bolivianos y yuanes para la adquisición de importantes volúmenes de carburantes gestionados por Moscú y luego garantizar la presencia rusa en la extracción del litio, lo que podría abrir el acceso de Bolivia al gigantesco mercado de los BRICS, mientras se tramita la incorporación oficial del país al bloque de economías emergentes. De hecho, se gestiona la llegada del presidente brasileño en julio.
Pero, la crisis económica no es el único frente que debe atender el Gobierno. La búsqueda de soluciones que no pasen por el FMI imperialista y, más bien, impulsen un mayor protagonismo del Kremlin, ha generado problemas en el gabinete ministerial por la aparente intromisión de un personaje que se presenta en círculos rusos como asesor en defensa del presidente boliviano y tiene la facilidad de moverse en la representación diplomática en Moscú para hacer contactos y reuniones, al margen de las vías oficiales establecidas por la Cancillería del Estado.
La anunciada salida del vocero presidencial como rasgo principal de la crisis política en el núcleo del arcismo parece que puede tener nuevos capítulos, con nuevos protagonistas, por pugnas internas e intereses personales o de grupo en el adelantado “modo electoral” en el que ingresó la administración de Arce y Choquehuanca. Esto incluye la reprimenda que llevó el ministro cuya labor es dar las malas noticias del Gobierno, pero ha estado dedicando buena parte de su tiempo en participar en entregas de obras, presentar proyectos de ley bukelistas o enfrentar discursivamente al caudillo del MAS, poniendo por delante su estrategia electoral más que la defensa del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico.
Para completar el panorama de dificultades, llama la atención que desde el Ejecutivo se haya decidido denunciar a dos de los nueve magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional ante la Cámara de Diputados, sabiendo que el arcismo no tiene control del escenario parlamentario y que el TCP ha sido y es el brazo ejecutor de la línea autoritaria del régimen. Si el propósito es cambiar el foco de atención de la opinión pública para eclipsar la crisis económica, sería una jugada arriesgada porque en lugar de ocultar el principal factor de desgaste, se mostraría que se viene una nueva tormenta perfecta para la administración gubernamental.
