Dar de comer a los bomberos voluntarios que tratan de apagar los incendios de los bosques es un pecado que debe castigarse con la muerte, según los incendiarios.
La profesora Marisabel Moirenda Urape, de 28 años, fue asesinada en Guarayos por los sicarios de la transnacional del crimen organizado que maneja estos incendios.
Si existiera alguna forma de justicia, el fiscal tendría que haber iniciado ya una acción para dar con los asesinos de la profesora, pero no lo hará, porque, sencillamente, él también obedece a la transnacional. Al fin y al cabo, eso de poner jueces masistas, mediante elecciones con 80% de votos entre nulos y blancos, obedece al plan.
Los bomberos que intentaron llegar hasta los lugares del fuego encontraron que los incendios eran bien custodiados, protegidos, alentados por una especie de ejército de pirómanos, que no los dejaron pasar.
La transnacional ha diseñado un procedimiento muy eficiente, aunque solapado, para asegurarse de que los incendios se produzcan y las tierras sean entregadas a los cocaleros.
En el oriente, sólo 12% de la tierra está en manos de empresas del sector, mientras 50% son parques y 38% tierras fiscales, es decir de nadie o, lo que es lo mismo, del Estado.
En el parque Amboró, más grande que Bélgica, hay apenas cinco guardaparques puestos por el Estado, lo que es una bendición para los cocaleros y, por supuesto, para la transnacional, porque habrá más materia prima para el negocio.
Y hay también un ejército de agentes de la transnacional dedicados a decir que los incendios son provocados por los empresarios, o que los cocales no necesitan ser chaqueados con tanta frecuencia como los cultivos legales.
Lo que lleva a estos agentes a plantear la idea de que, al fin y al cabo, cultivar la “hoja sagrada” es más sano para la naturaleza que producir soya, por ejemplo.
El embajador de Brasil ha preguntado más de una vez al gobierno boliviano por qué no pone en funcionamiento los radares que podrían detectar las avionetas del narco que van hacia su país con droga del Chapare.
Nadie ha respondido al embajador, ni siquiera la Fuerza Aérea Boliviana que tiene a su cargo los trece radares por los que se pagó 215 millones de dólares hace siete años a una empresa francesa, que ahora es acusada de corrupción en su país. Nadie se atreve a decir que los radares no funcionan porque así lo ordena la transnacional.
Y las avionetas siguen usando las 850 pistas clandestinas que existen en el país llevando la droga de los muy modernos laboratorios de clorhidrato de cocaína.
En suma, el país ha sido tomado por un ejército que lo maneja todo, con 3.360 incendios en este momento, cuando en Brasil (7 veces más grande) son solamente 1.800, y los bomberos son atacados, pero sobre todo se asesina a quienes les dan de comer.
Parece que hemos perdido otra guerra más.
Siglo21bolivia.com
El autor es periodista
