En los últimos días, la ciudad de Cochabamba ha sido víctima de una crisis ambiental y de salud pública derivada del bloqueo del botadero de basura de K’ara K’ara. Lo que en un principio parecía una protesta vecinal justificada por años de padecimiento debido a la cercanía de este vertedero, los últimos años ha tomado un giro que muchos consideran una manipulación política y un ejemplo claro de extorsión organizada por terroristas.
La Alcaldía de Cochabamba, en un esfuerzo por enfrentar los problemas que supone la acumulación de basura y el manejo tradicional de los desechos, ha propuesto industrializar el tratamiento de la basura. Esta iniciativa colocaría a Cochabamba a la vanguardia en Bolivia, al convertirse en el primer municipio en transformar residuos en energía y otros productos reciclables.
Sin embargo, los vecinos de la comunidad cercana al botadero exigen la anulación del contrato de industrialización. La razón principal es que, según ellos, no se ha socializado adecuadamente la extensión del acuerdo, que implicaría la operación del botadero por 20 años más. Alegan que llevan más de 37 años soportando la contaminación y no están dispuestos a seguir así durante más tiempo. En este sentido, se presentan como víctimas de una situación insostenible.
Si bien es cierto que los vecinos tienen razones legítimas para quejarse por la contaminación, no está demás argumentar que el bloqueo al botadero ha trascendido el ámbito de la protesta legítima y se ha convertido en una herramienta de extorsión. Según informes y denuncias, los bloqueadores no sólo exigen la anulación del contrato de industrialización, sino que también cobran a las autoridades locales para detener o permitir el paso de la basura. Este sistema de extorsión ha creado un ciclo pernicioso en el que los dirigentes vecinales cobran por mantener el bloqueo o, por el contrario, por levantarlo, lo que genera ingresos ilícitos para aquellos que dirigen estas acciones.
Los dirigentes, conscientes de que pueden enfrentar cargos penales por este tipo de actos, suelen impulsar a las bases para que lideren las movilizaciones, tratando de desligarse formalmente de las decisiones. Así, la protesta aparece como un movimiento “autoconvocado”, cuando en realidad hay una clara organización detrás. Es que entre la extorsión y el terrorismo existe una delgada línea que ya denota un negocio lucrativo para ciertos dirigentes vecinales.
Otro factor que ha complicado la situación es la descarada participación de grupos políticos en los bloqueos. Se ha mencionado que el partido de Evo Morales está detrás de estas protestas, utilizando a personas que ni siquiera son de la zona para masificar la movilización. Según esta versión, Morales estaría financiando estas acciones como parte de su estrategia para posicionarse nuevamente como candidato presidencial. Esta interferencia política contamina aún más el conflicto, ya que los intereses partidistas se superponen a las preocupaciones genuinas de los ciudadanos de Cochabamba sobre el manejo de la basura y la contaminación.
El bloqueo al ingreso del botadero de K’ara K’ara tiene un impacto directo en la salud pública de Cochabamba. Las calles de la ciudad están acumulando toneladas de basura, creando focos de infección y riesgo sanitario para la población entera. En este contexto, el bloqueo del vertedero no sólo afecta a la comunidad cercana, sino a toda la ciudadanía, que se encuentra atrapada entre las demandas de los terroristas, la ineficiencia de las autoridades y la manipulación política. Esta situación, de continuar, podría derivar en graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.
El artículo 216 del Código Penal Boliviano establece que cualquier acto que ponga en peligro la salud pública es considerado un delito, y bloquear el acceso a un vertedero, agravando la crisis de desechos, claramente entra en esa categoría. La ciudad, al estar rodeada de bolsas de basura sin ser recogidas, queda “prisionera” de lo que algunos describen como una banda delincuencial que opera bajo el pretexto de la protesta social.
La industrialización de la basura, propuesta por la Alcaldía, podría ser una solución viable y moderna al problema de los residuos, pero será importante que este proyecto sea bien socializado y que se tomen en cuenta las preocupaciones de la población afectada de todo el municipio. Al final, cualquier solución debe priorizar tanto el bienestar de los ciudadanos como la salud pública de toda la ciudad en su conjunto.
El autor es abogado
