En enero de 2025 la Ley de Imprenta cumplirá 100 años, convirtiéndose en una de las normas vigentes más antiguas de la legislación boliviana.
La idea de la norma es tan sencilla y tan potente, que se puede resumir en su primer artículo: todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos en la prensa sin previa censura, salvo las restricciones establecidas en esa ley.
La inviolabilidad del secreto de imprenta, la individualización de los delitos de imprenta, el juzgamiento en un tribunal especial y otros elementos propios del liberalismo político fueron incorporados en esa ley de 1925 tras varios decretos considerados “mordaza” promulgados por gobiernos de la época.
La Asociación de Periodistas de Bolivia y sus filiales departamentales han iniciado una serie de eventos para debatir sobre la vigencia y actualidad de la Ley de Imprenta.
La idea es llegar al 19 de enero de 2025 con un amplio bagaje reflexivo, teórico y normativo, construido colectivamente entre los periodistas y la sociedad, para festejar el centenario de la ley y perfilar su futuro.
Las voces mayoritarias de estos eventos señalan que la Ley de Imprenta, a pesar de su longevidad y sus vacíos, está plenamente vigente y sólo hace falta actualizarla en algunos tramos, sobre todo en los referidos a las nuevas tecnologías (la ley sólo habla de prensa escrita), las redes sociales y cuestiones procedimentales y sancionatorias.
Existen voces que piden que se debata y apruebe un par de leyes complementarias, como una Ley de Medios, una Ley de Distribución Equitativa de Publicidad Estatal o una norma que garantice el acceso a la información. Pero todas estas propuestas son complementarias, adicionales o subsidiarias a la Ley de Imprenta y en ningún caso la pueden suplir.
Expertos de la talla de Elizabeth Paravicini, Fernando Andrade y la magistrada Nuria Gonzáles, coincidieron, en el foro organizado por la regional de Cochabamba, que no es el momento de cambiar la ley de imprenta, porque hay serios riesgos de contaminación política y partidaria.
Además, hay una serie de documentos de ética periodística, como el Estatuto Orgánico, decálogos y otros, que dan pautas puntuales para realizar un profesional, decente e íntegro trabajo periodístico.
Sin embargo, hay que admitir que la ley tiene muchos vacíos y que hay contradicciones que deben ser resueltas, más pronto que tarde, por los periodistas y la sociedad
Mientras ese momento llegue, el espíritu, el ayaju de la ley de 1925, continúa vivo, al igual que las premisas con las que fue promulgada.
