No podía ser de otra manera. El discurso del presidente de Argentina en la Asamblea de las Naciones Unidas este 25 de septiembre ha provocado, y mucho. Su impronta deriva naturalmente en críticas y apoyos, casi siempre sin medias tintas. Se lo quiere o se lo odia. Punto.

Se cuenta que un campesino español fue a visitar un convento y quedó asombrado por la hilera de medio bustos que adornaban el claustro. Mientras un fraile le explicaba que ese era San Pedro, el otro San Pablo, otro más San Francisco, etc., el campesino no pudo evitar de comentar: “Del cinto pa’ arriba yo también soy santo”. 

En varias oportunidades habíamos enfatizado que, cuando los problemas de la política y sus soluciones no fluyen y no son procesados por los canales institucionales, la política se traslada a las calles.

Las calles, entonces, toman un protagonismo de primer orden, pues la política se define en las calles. En ese escenario, de acuerdo con los recursos de fuerza y violencia, se imponen salidas y soluciones.

El ministro de Gobierno dice que la marcha que encabezó el cocalero Morales fue la “marcha de la muerte”, pero el desenlace que se produjo confirmó que, de veras, se trató de una marcha fúnebre.

En noviembre de 2019, cuando el dictador renunció y luego huyó del país perdiendo los calzoncillos, se murió el MAS.

Algo así había ocurrido el 4 de noviembre de 1964, cuando Víctor Paz Estenssoro renunció y partió, muy a prisa, a Lima.

A raíz de lo que viene aconteciendo en Bolivia en materia social, económica y energética, tomare varios párrafos de una entrega de 2023, donde vuelvo a reafirmar mi posición de que el Estado empresario no funciona y que si empobrece. Para el efecto comparo a Venezuela con Perú. Espero sirva para reflexionar.

El acceso a la función pública en Bolivia está viciado con la exigencia de una serie de requisitos documentales, entre los cuales destacan diversos certificados que supuestamente garantizan la idoneidad de los postulantes. Estos documentos buscan demostrar que el candidato a un escritorio en el aparato estatal no tiene antecedentes penales, no ha cometido delitos contra la mujer, tiene competencia lingüística en idiomas originarios, no tiene deudas con el Estado o goza de buena conducta.

En América Latina, persiste esta pregunta: ¿por qué los dirigentes políticos no utilizan su poder sobre la burocracia para promover el interés común? A menudo, los funcionarios que abusan de sus cargos no son sancionados adecuadamente. ¿A quién se ha de culpar por esto? A los políticos, por cómplices y, acto seguido, a la ciudadanía, por elegirlos. Sin embargo, la raíz del problema es más compleja.

Hace unos 20 años me contaron una anécdota respeto a Evo; en ese tiempo quien hizo el relato estaba haciendo trabajo político en el Chapare y tenía a su disposición una vagoneta donada por alguna ONG. En esta viajaba de vez en cuando con Evo y en una oportunidad, al salir de una de las comunidades, vieron a una persona haciendo dedo. Mi amigo, solidario por naturaleza, paró el coche para que subiera esa persona, pero Evo lo increpó y le ordenó que siguiera (ante la sorpresa del circunstancial chofer).

Las escenas que nos llegan a través de las redes y los medios de comunicación de lo que acontece en Santa Cruz, en la Chiquitanía, o en Bajo Paraguá de las llamas avanzando por doquier, arrasando todo lo que encuentran a su paso, entristece y una especie de desolación nos invade. 

Según el más reciente informe de la Economist Intelligence Unit (EIU, del grupo The Economist), correspondiente al año 2023, hoy menos del 8 por ciento de la población mundial vive en democracias plenas, mientras que el 39.4 vive en regímenes autoritarios. Es una cifra alarmante, tomando en cuenta que hoy el mundo tiene un gigantesco poderío técnico y, por ende, que la razón instrumental puede ser utilizada para destruir.