La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ha exigido a los panificadores que incumplen con la elaboración del “pan de batalla” la devolución de la harina entregada bajo subsidio. Franklin Flores, gerente general de Emapa, indicó que esta medida responde a que algunos beneficiarios, en lugar de emplear el insumo para el pan regulado, lo han destinado a otros productos o, incluso, mantienen sus hornos cerrados.
Flores explicó que Emapa identificó casos en los que panificadores, especialmente en El Alto y algunas panaderías de Cochabamba, están utilizando la harina para elaborar productos distintos al pan de batalla, como galletas y llauchas. Estos productos no cumplen con las condiciones del convenio firmado con el Gobierno, que prohíbe emplear la harina subsidiada en preparaciones diferentes al pan de 60 gramos, que debe venderse a un precio controlado de 0,50 bolivianos.
En respuesta a esta situación, Emapa ha suspendido la entrega de harina a los panificadores que incumplen con el acuerdo y exige la devolución de los insumos no utilizados. Flores advirtió que, de persistir las irregularidades, la entidad tomará acciones legales contra los infractores.
Hasta la fecha, Emapa ha distribuido 1.736.521 bolsas de 50 kilos de harina en regiones como La Paz, El Alto, Cochabamba y Beni, y proyecta alcanzar una entrega total de 2.400.000 bolsas en 2024. La entidad suministra la harina a un precio reducido de 136 bolivianos en las principales ciudades y de 123 en otras regiones, con el objetivo de mantener el precio del pan de batalla accesible para la población.
Después de 20 meses de iniciado, el proceso para la realización de las elecciones judiciales parece encaminarse a su fin en una modalidad ajena a lo prescrito en la Constitución Política del Estado (CPE).
Esa distorsión, la larga lista de peripecias que ha vencido este trámite y, sobre todo, la deteriorada confianza que inspira en los bolivianos la administración de justicia nacional, plantean la necesidad de un serio cuestionamiento al sistema judicial vigente en el país.
El 4 de junio de 2012, Zarlet Rowina Clavijo Martínez, de 17 años, salió de su trabajo ubicado en el edificio San Pablo, en la avenida 16 de julio de La Paz, para encontrarse con su madre, Marcela Martínez, en la zona de Obrajes. Nunca llegó.
El 4 de junio de 2012, Zarlet Rowina Clavijo Martínez, de 17 años, salió de su trabajo ubicado en el edificio San Pablo, en la avenida 16 de julio de La Paz, para encontrarse con su madre, Marcela Martínez, en la zona de Obrajes. Nunca llegó.
EDWIN CACHO HERRERA SALINAS
Cinco meses de incendios forestales este año. Más de diez millones de hectáreas consumidas por el fuego descontrolado y posiblemente muchos millones más de animales, de diferentes especies, muertos por la devastación. El número de personas que en el futuro presentarán enfermedades por las humaredas que envolvieron por semanas e incluso meses a municipios rurales de Santa Cruz y Beni, y varias capitales, es incalculable en este momento.
Cinco meses de incendios forestales este año. Más de diez millones de hectáreas consumidas por el fuego descontrolado y posiblemente muchos millones más de animales, de diferentes especies, muertos por la devastación. El número de personas que en el futuro presentarán enfermedades por las humaredas que envolvieron por semanas e incluso meses a municipios rurales de Santa Cruz y Beni, y varias capitales, es incalculable en este momento.
EMILIO MARTÍNEZ CARDONA
Bajo la apariencia de algo deseable, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría estar regalándole a Bolivia un caramelo envenenado. Es decir, que en el envoltorio de la exclusión definitiva del reeleccionismo de Evo Morales, los que en rigor son exmagistrados del TCP han asumido funciones propias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluso emitiendo criterios sobre quiénes pueden o no postular con base en otras gestiones distintas a la presidencial.
Bajo la apariencia de algo deseable, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) podría estar regalándole a Bolivia un caramelo envenenado. Es decir, que en el envoltorio de la exclusión definitiva del reeleccionismo de Evo Morales, los que en rigor son exmagistrados del TCP han asumido funciones propias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluso emitiendo criterios sobre quiénes pueden o no postular con base en otras gestiones distintas a la presidencial.
GABRIELA CANEDO VÁSQUEZ
Hace un mes impartí un módulo en la Maestría en Investigación Cualitativa, de la Universidad Mayor de San Simón. Tuve la oportunidad y fortuna de revisar los avances de investigación de 15 maestrantes quienes, a modo de artesanos, las esculpen. Sacar adelante una tesis de maestría, es una hazaña la mayor parte de las veces, si es que el estudiante además de trabajar debe ejercer otros oficios.
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