A tres semanas de la toma de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz por un grupo de militares al mando del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, la investigación del hecho está en manos de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, aún no participa la comisión legislativa que se conformó para indagar los móviles y los presuntos autores de la asonada.
El abogado Jorge Valda, defensor de Fernando Hamdan, uno de los civiles involucrados en este caso calificado por el gobierno como un golpe de Estado fallido, pidió la participación de esa comisión legislativa y que no solamente se haga cargo el Ministerio Público.
“Eso señala el procedimiento penal para acceder a una investigación transparente, a una investigación que pueda realizar y cumplir los principios de objetividad que señala la Ley Orgánica del Ministerio Público o de imparcialidad que señala el Código de Procedimiento Penal”, dijo Valda.
Hamdan, detenido de forma preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, está acusado por el Gobierno de reunirse con Zúñiga días previos a la asonada militar y de participar en la planificación del golpe de Estado.
Valda reclamó que el Ministerio de Gobierno e incluso el viceministro de Régimen Interior realizan las detenciones y los allanamientos en las noches y sin orden de aprehensión.
Comisión
La comisión legislativa está integrada por los senadores Willian Tórrez Tordoya, Gladys Valentina Alarcón, Lucy Sara Escobar, Elena Judith Aguilar y Felix Ajpi (MAS); Jorge Antonio Zamora, Porfirio Menacho, Guillermo Seoane (CC), y Henry Omar Montero (Creemos).
El senador Montero informó, el pasado lunes, que los miembros están trabajando en la organización de esa instancia, para que, en tres meses, emitan un primer informe de los hechos del 26 de junio. Precisó que requieren “peritos del área criminalística” que coadyuven en la investigación de este caso.
Utilizarán herramientas legislativas de peticiones de informe, entrevistas directas, análisis de los hechos mediante imágenes, entre otros.
Denuncia
El abogado Valda denunció que se están realizando allanamientos en lugares erráticos donde no se tienen facultades para detener a personas. “Lo que podemos concluir de esta investigación es que tiene muchas similitudes con el caso terrorismo del hotel Las Américas de 2009. El investigador de aquel entonces era Johnny Aguilera y al presente viene a ser el mismo viceministro de Régimen Interior. Es por eso que no se puede confiar en la objetividad de esta investigación cuando está siendo manejada por manos gubernamentales”, enfatizó Valda.
Para Franco Albarracín, activista de derechos humanos, Hamdan y Aníbal Aguilar son perseguidos políticos.
