Al menos 34 personas, incluidos niños, han muerto en rutas de Cochabamba y Chuquisaca entre el 6 y el 16 de este mes en cinco accidentes de tránsito, al embarrancarse los vehículos —cuatro de ellos eran de servicio público— que los transportaban.
Nada extraordinario, si consideramos que —según datos de la empresa de seguros UNIVida— en Bolivia murieron 4.906 personas en accidentes similares entre 2019 y 2022. En promedio, poco más de tres cada día.
Lo extraordinario es que accidentes graves del transporte público de pasajeros —como el del miércoles último en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz— llaman la atención durante unos días, cuando tienen consecuencias trágicas. Luego, éstos y el número de víctimas pasan a ser unas cifras más en las estadísticas de la aseguradora que vende el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Es raro que las causas de esos siniestros lleguen a conocerse de manera fehaciente y oficial, como ocurre, por ejemplo, respecto del accidente con cuatro muertos y una docena de heridos ocasionado por un microbús de transporte urbano en Cochabamba el 22 de junio.
El conductor de ese vehículo asegura que perdió el control del mismo debido a una falla mecánica. Lo mismo invocan las autoridades policiales cuando informan sobre hechos de tránsito y sus posibles causas.
La Policía anuncia siempre que está investigando las razones por que las que ocurrieron esas desgracias. A veces con peritajes que demoran en realizarse.
Jamás —o muy rara vez— se informa sobre las condiciones en las que los vehículos siniestrados obtuvieron la certificación de sus “condiciones técnicas, mecánicas (…) de funcionamiento y seguridad para la circulación de todas las unidades de transporte automotor públicas y privadas en todo el territorio nacional, con la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes por aspectos técnico-mecánicos”, como lo establece la Ley General del Transporte del 16 de agosto de 2011.
Esa norma específica establece que todos los motorizados deben pasar por una revisión, conocida como Inspección Técnica Vehicular, que debe realizarse en “establecimientos especializados y acreditados, que deberán estar equipados con líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas”.
Nada de eso ocurre. Es la Policía que efectúa esa inspección, mediante su Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, cuya función “más importante viene a ser el fortalecimiento de las políticas institucionales encaminadas al logro del bienestar y seguridad económica de los servidores públicos policiales”, según lo anuncia en su página web.
Así, jamás sabremos cuántos de los más 16.500 accidentes de tránsito anuales fueron por “fallas mecánicas”.
