Ayer se cumplieron 52 años del golpe de Estado que luego de cruentos enfrentamientos, particularmente en Santa Cruz y La Paz, culminó con la posesión del entonces coronel Hugo Banzer Suárez en la presidencia de la República.
Comenzaba así un periodo de casi siete años durante los cuales fueron conculcados los derechos ciudadanos.
Los bolivianos recuperamos hace 41 años el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Esa facultad ha permitido la vigencia continua del gobierno electo más largo de la historia del país, 13 años y nueve meses, y la permanencia más duradera de un mismo partido en la administración del Estado, casi 17 años.
Más allá de las obvias diferencias de origen y legitimidad entre aquella dictadura y el régimen actual hay aspectos que destacan en ambos.
Uno de ellos es la bonanza proveniente de los altos precios de las materias primas que constituyen hoy, igual que hace medio siglo, la base de la economía nacional.
Fue tan buena la situación económica en el septenato totalitario, que no fue difícil para Banzer crear y mantener la apariencia de una buena administración gubernamental a pesar de que, como se pudo verificar después, lo que caracterizó su gestión fue más el derroche que la previsora inversión de esos recursos.
Otro de esos aspectos es la independencia de la justicia. En mayo de 1972, cuatro vocales de la Corte Superior de Justicia admitieron un recurso de habeas corpus (hoy Acción de Libertad) interpuesto mediante memorial manuscrito, en papel higiénico, por un joven abogado preso político de Banzer.
El preso político fue liberado, aunque solo circunstancialmente pues lo apresaron después y estuvo en esa condición por seis años. El dictador destituyó a los magistrados y los reemplazó por abogados leales al régimen.
Hoy, el sometimiento del Órgano Judicial al poder político en Bolivia es una preocupación internacional.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU constató “la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos (…) y la corrupción de la justicia como graves problemas estructurales y de larga data”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constató lo mismo en su visita a Bolivia hace poco más de dos años.
Hace cinco meses, un juez de El Alto rechazó la Acción de Libertad interpuesta por la Defensoría del Pueblo en favor de un cocalero de los Yungas, en detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, pese a su parálisis de medio cuerpo.
