Hace pocos días, la COB, que representa a menos del 10% de los trabajadores del país, ha entregado al Gobierno un pliego petitorio con 152 demandas que incluyen medidas en los ámbitos político, jurídico y económico, la mayoría fuera de su responsabilidad y competencia.
De todas ellas, la más promocionada es la propuesta de un incremento salarial del 8% al mínimo nacional y 7% al haber básico, aunque también exige modificaciones a la Ley de Pensiones para aumentar los aportes al fondo solidario, y obligar la jubilación a los 65 años, pese a la negativa de los sectores de salud y educación, dos de sus más importantes afiliados.
La presentación del pliego ha movilizado a varios ministerios que diligentemente instruyeron conformar mesas y comisiones de trabajo, donde funcionarios públicos debaten los puntos del documento, con delegados de la COB sin legitimidad, experiencia ni autoridad en los temas jurídicos y técnicos del pliego, pero arropados por el compromiso político que les asegura una gestión exitosa.
Nuevamente el sector privado, sobre el que recaerá el mayor costo del incremento salarial, ha sido excluido del debate. Ante el pedido de algunos dirigentes empresariales para que se instale un diálogo tripartito, el Gobierno ha señalado que el formato de todas las gestiones es bipartito y que ese mecanismo va a continuar. Más taxativo fue el Secretario Ejecutivo de la entidad laboral, que señaló: “Se descarta, se rechaza por completo el tripartismo para incremento salarial. No hay más que hablar”. Ambos han dejado claro que el Acuerdo 131 de la OIT y la Ley 2120, que ordenan la consulta intensiva a los empleadores para definir cualquier aumento del salario mínimo, no tienen ningún valor frente a la decisión política de los líderes de la COB y el Gobierno.
Más allá de este protocolo que se repite cada año, es evidente que, en el ámbito del trabajo, se reafirma la decisión de mantener el modelo de gestión salarialista y excluyente, que desde hace décadas está llevando al descalabro al sistema laboral boliviano, y generando graves secuelas sobre el sector productivo y el empresariado en general.
Este modelo, que se concentra en mantener un bajo porcentaje de desempleo abierto, incrementar el número de normas laborales opresivas y aumentar el salario, está naturalizando la trágica realidad que viven los más de cuatro millones de informales invisibilizados en los acuerdos, los miles de trabajadores que pierden su empleo y los cientos de miles que cada año ingresan al sistema informal, gracias a los efectos de los pliegos petitorios.
Es cada vez más evidente que los aumentos salariales desmedidos, además de las normas cada vez más asfixiantes contra el sector privado, tienen una consecuencia directa sobre la disminución sostenida y progresiva de la calidad del empleo, lo que explica por ejemplo que en la actualidad las empresas sólo pueden captar alrededor del 35% de la oferta anual de trabajo y que suba la informalidad, que ya supera el 80%.
Al respecto, un estudio del Cedla revela que en 2001, el 22% de la población ocupada tenía empleos muy precarios; en 2019, ese porcentaje se elevó a 62%. Esa misma entidad señala que en 2006 el 54% del trabajo juvenil era asalariado, mientras que en 2021 la cifra bajó a 46%. Estos también son resultados de la desorientación gubernamental en el tema laboral y de la irresponsable injerencia de la COB sobre las decisiones que lo sustentan.
La presión creciente al sector privado, que se expresa en leyes, decretos y resoluciones que impiden el retiro de personal aún en situaciones extremas, que genera un acoso permanente al empresario o que aumenta la carga salarial y parasalarial, no sólo desanima la contratación estable, sino que viabiliza la normalización de mecanismos alternos como consultorías, trabajo temporal o terciarización de servicios, además de recrear un modelo anacrónico y perverso que promueve el conflicto artificial entre trabajadores y empleadores.
Por otra parte, los porcentajes de incrementos acordados entre la COB y el Gobierno carecen de sustento técnico y económico, ya que en los últimos años han superado ampliamente el parámetro de la inflación, afectan sólo al sector formal, alcanzan al 20% de los trabajadores y no aportan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La persistencia en este modelo bipartito tiene devastadoras consecuencias sociales y económicas, y es otra muestra de la necesidad de una transformación profunda y urgente en la política salarial que, agravada por la crisis económica y la transformación del mundo laboral, está llevado al país a una situación insostenible de injusticia, precariedad y pobreza.
