Cuando el MAS tenía dos tercios en la Asamblea podía imponer a los candidatos al TCP y demás órganos judiciales. Ahora que ya no tiene los dos tercios en la ALP prefirió hacer fracasar la elección de un nuevo TCP en el tiempo establecido para hacerlo constitucionalmente, a tener un nuevo TCP que no podía controlar.
No es que el Gobierno no haya tenido otras opciones. Podría haber pactado con la oposición para escoger a magistrados imparciales e idóneos. En el peor de los casos hubiera podido plantear un cuoteo del mismo; hubiera sido mejor, o menos malo, que un TCP copado por magistrados que respondan únicamente al partido de gobierno. Eso es lo que significa actuar con las reglas de la democracia: cuando no se tienen los votos se pacta con la oposición, no se viola la Constitución.
Pero no. El Gobierno del MAS Arcista prefirió desquiciar aún más la democracia y sus reglas de juego. ¿Para qué pactar con la oposición si podía tener un TCP obsecuente más allá de su mandato constitucional violando la Constitución? Lo único que le importaba al Gobierno era poder contar con sentencias del TCP que le favorezcan. Todo en el servicio de sostenerse y prolongarse en el poder.
¿La Constitución? Está ahí para obedecerla cuando es conveniente hacerlo y violarla cuando no lo es. Es una demostración más, como si una más faltara, de que el MAS, en cualquiera de sus manifestaciones, no está dispuesto a jugar con las reglas de la democracia ni respetar la institucionalidad.
La justificación del Gobierno para la autoprórroga del TCP es que una democracia no puede estar sin los máximos tribunales del poder judicial, así sea por un tiempo corto. Es en este argumento donde más resalta el cinismo del Gobierno. Una vez que ya no era posible la elección de nuevos magistrados para que los actuales sean reemplazados empezando en enero de 2024, el Gobierno y el TCP ejecutaron su plan de autoprórroga. Es que, mantiene el Gobierno, no se podía estar sin la cabeza del poder judicial. Eso sería el fin de la democracia. Que sería como un golpe de Estado. Que dejaría inerme e indefensa a la población. Que sería un perjuicio tan grande para el país que simplemente no se podía contemplar.
Sin embargo, en noviembre de 2019, el descabezamiento del poder ejecutivo con la renuncia de Evo Morales y García Linera, y del poder legislativo por orden del mismo Morales, dio lugar a una situación de anarquía y violencia generalizada que amenazaba en derivar en una guerra civil.
Morales intentó sembrar el caos y hacer el país ingobernable con el objetivo de lograr su vuelta al poder. El MAS de ese tiempo, incluidos, por tanto, los actuales gobernantes, de Arce para abajo, gritaban a cuatro vientos “golpe”, “golpe”, cuando lo único que podía salvar la democracia y una convivencia pacífica era la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia.
Esos gritos de “golpe” subrayan el cinismo del MAS cuando esa situación de inminente riesgo a la democracia y la paz fue causada precisamente por Morales y el MAS, igual que sucede ahora, en una escala mucho más pequeña, con la justificación de la autoprórroga del TCP, cuando esta es engendrada por el gobierno del MAS Arcista.
El MAS Arcista alega la imposibilidad de estar sin los máximos tribunales del poder judicial, en particular el TCP, porque sería imposible hacerlo y mantener la democracia. En cambio, cuando la democracia realmente estaba en peligro y se cernía el espectro de la violencia generalizada, los mismos personajes alegaban que la jura de Áñez a la presidencia era un golpe de Estado.
No importa que la situación en noviembre de 2019 era incomparablemente más riesgosa para la democracia y que la misma dirigencia del MAS de ese entonces haya sido la autora de esa situación. Ahora, con el cinismo al que nos tienen acostumbrados quieren justificar la autoprórroga del TCP alegando su defensa de la democracia y los más altos intereses de la nación, cuando hacerlo más bien desquicia aún más la democracia y la institucionalidad y los beneficia sólo a ellos.
