Probablemente, el 17 de julio sea una fecha poco llamativa, casi desapercibida, para muchos, sobre todo para quienes tienen menos de 50 años y no llegaron a vivir el cruento episodio del golpe de Estado de 1980, una de las jornadas más tristes y denigrantes de la historia de la democracia boliviana.
El 17 de julio de 1980, hordas paramilitares asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), ametrallaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz (torturado más tarde en el Estado Mayor antes de morir), Carlos Flores y Gualberto Vega; militares obligaron a Lidia Gueiler a entregar el mando presidencial y pusieron en su lugar al general Luis García Meza, quien, junto con su ministro del Interior obligaron a la población boliviana durante 14 meses a “caminar con su testamento bajo el brazo”.
Durante ese tiempo, se apresó, torturó y exilió a cientos de bolivianos; se intervinieron y acallaron los medios de comunicación; se demolió el edificio histórico de la COB; se suplantó a la dirigencia sindical, y se eliminó la autonomía universitaria. Es decir, se acalló cualquier atisbo democrático. Hasta que García Meza renunció y huyó del país.
En febrero de 1984, Juan del Granado impulsó el juicio contra la gestión dictatorial, pero se tuvo que esperar hasta abril de 1993 para que García Meza y Arce Gómez recibieran sentencia de 30 años sin derecho a indulto, mientras que a otros 46 acusados se les dictaron penas de entre 15 y 30 años. Cinco de ellos habían fallecido y sólo tres procesados fueron absueltos. García Meza falleció en prisión en 2018.
Y con él, parecen enterrarse todo un cúmulo de hechos como si se trataran de episodios ocurridos hace cientos de años. Son hechos que amenazan con quedarse lentamente en las hojas polvorientas de la historia.
Felizmente, para la reivindicación de la justicia y de la historia, aún quedan quienes se encargan de recordar las vidas, el dolor, la sangre y toda la entrega que costó la democracia en Bolivia; aún se rememoran los violentos acontecimientos de ese tiempo dictatorial para tener presente que ningún Gobierno, sea de izquierda o derecha, azul, rojo o verde, puede arrogarse la potestad de ostentar el poder absoluto de una nación. Es lo que aprendemos de ese capítulo de 1980.
Finalmente, parafraseando a Del Granado, en su artículo de recopilación de este caso, es posible afirmar que “se logró un pedazo muy importante de justicia, pero no se derrotó toda la impunidad dictatorial ni la barbarie. Por eso hoy, a 43 años, está pendiente en la agenda democrática la continuidad de esa lucha, que sólo busca la paz de la justicia impidiendo el olvido de los cobardes y evitando la venganza de los violentos”.
