Con el avance de los trabajos de construcción de su Línea Amarilla, el Tren Metropolitana de Cochabamba está en vías de consolidarse como una opción conveniente para el transporte de pasajeros.
Tuvieron que vencerse muchas peripecias, todas resultantes de la oposición ciudadana, antes de que se defina el trazo de esa línea y se inicie su implementación, aunque con un alcance distinto del que tenía al principio pues no llegará hasta Sacaba.
Lo que no significa que ese municipio y su población quedarán excluidos de los servicios del tren porque se tiene planificado el tendido de otro ramal, la Línea Celeste, que unirá Sacaba con Cercado.
Mientras eso se concretiza, sería conveniente ocuparse también de los aspectos necesarios para integrar ese servicio ferroviario al sistema de transporte de pasajeros ya existente en la región metropolitana de Cochabamba.
Las virtudes del tren son indiscutibles en términos de baja o quizás nula contaminación ambiental y, sobre todo, comodidad y seguridad para los pasajeros que lo utilicen.
Y es precisamente su potencial como servicio de transporte público en la ciudad capital departamental y los municipios aledaños del oeste que corre el riesgo de no ser explotado con plenitud por la falta de un plan para integrarlo a los desplazamientos y actividades de la población que habita, trabaja y estudia, en la vecindad de sus estaciones.
Es más, Mi Tren, como se denomina oficialmente a este servicio de transporte ferroviario de pasajeros, necesita la explotación plena de su potencial para ser sustentable económicamente.
Es decir, que transporte en permanencia los suficientes pasajeros para lograr los ingresos que aseguren la sustentabilidad de ese servicio.
Para ello es necesario que el transporte ferroviario y el convencional, se complementen.
Esa complementariedad no será plenamente útil de manera espontánea. No, porque es imprescindible un plan que integre los servicios del tren con los de los micros, minibuses, y autos que transportan pasajeros a cambio de un pago: es decir el 55% de la población área metropolitana de Cochabamba, unas 750.000 personas, según el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable, formulado en 2015.
No solo eso, dicho plan tendría que considerar también la utilidad del tren para quienes manejan bicicleta y/o se desplazan en sus propios vehículos motorizados.
En pocas palabras, el tren urbano debe apuntar a satisfacer las necesidades de transporte de los habitantes de los municipios por los que circula.
El impacto del tren urbano no se limita al transporte de las personas, una ciudad es un tejido complejo de actividades y actores que las ejecutan en una dinámica de rutinas y de cambios permanentes.
El bloqueo de vías públicas como manifestación de reclamos sectoriales es en Bolivia una medida de presión que —por su frecuencia, las maneras como se la aplica y, en algunos casos, las razones que la motivan— parece alejarse del derecho que la legitima.
Las trabas que enfrenta la única iniciativa seria de comenzar una reforma del sistema de administración de justicia en Bolivia —mediante un referendo de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE)— tendrían que motivarnos aún más a apoyarla.
Los síntomas se sintieron hace poco más de un mes: comenzaban a escasear los dólares. Pero en lugar de buscar soluciones o dar explicaciones transparentes, lo que hizo el Gobierno fue amenazar a todos quienes “alarmaran” a la población sobre este hecho (una amenaza a los “opinadores” y de una forma indirecta también a los medios de comunicación).
La fuga del exalcalde de Cochabamba, José María Leyes —procesado en 17 causas penales y cubierto de un descrédito público sin precedentes— confirma la calidad de los funcionarios en cuyas manos está la administración de justicia en el país.
Hoy, 15 de abril, es la fiesta cívica de Tarija que conmemora el 206 aniversario de la batalla de La Tablada, en la que los “montoneros” comandados por Eustaquio Méndez derrotaron al Ejército realista, iniciando así un proceso que aún no concluye en pos de dos objetivos que para los tarijeños siempre fueron complementarios: la preservación de su propia identidad y autonomía, y su pertenencia a una unidad mayor que por voluntad de sus habitantes es Bolivia y no Argentina.
Mañana, 15 de abril, es la fiesta cívica de Tarija que conmemora el 206 aniversario de la batalla de La Tablada, en la que los “montoneros” comandados por Eustaquio Méndez derrotaron al Ejército realista, iniciando así un proceso que aún no concluye en pos de dos objetivos que para los tarijeños siempre fueron complementarios: la preservación de su propia identidad y autonomía, y su pertenencia a una unidad mayor que por voluntad de sus habitantes es Bolivia y no Argentina.
Los aportes “voluntarios” de dinero obtenidos de los propietarios de negocios, bajo amenaza de violencia, han sido una de las fuentes mayores de ingresos de las familias mafiosas de EEUU en sus primeras décadas.
Extorsión es el nombre de esa práctica que ha sido la más común y confiable perpetrada por los criminales, en todas partes, puesto que implica poco riesgo y puede ser muy lucrativa si se aplica a quienes corren riesgos de perder más de lo que les exigen pagar.
Bolivia celebra hoy el Día del Niño, un festejo instituido en 1955, recordando el 12 de abril de 1952, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) redactaron la declaración de Principios Universales del Niño, con el propósito de luchar contra la desigualdad y maltrato que sufrían, y aún sufren.
Los periodistas de Bolivia estamos en emergencia porque un proyecto de ley enviado por el presidente del Estado a la Asamblea Legislativa contiene una disposición que, de ser sancionada y puesta en vigencia la norma en ciernes, impondrá una especie de autocensura debido a la amenaza de procesos penales en tribunales ordinarios.
Dentro de un mes y cinco días, más de 23 mil millones de dólares pertenecientes a 1.200.000 aportantes del país y que se hallaban depositadas en las AFP pasarán a ser administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad estatal que gasta el 20 por ciento de sus ingresos en sueldos y cuyo gerente no sólo tiene poca o nula experiencia en el manejo de pensiones, sino que además gana la friolera de 35 mil bolivianos mes (oficialmente, mucho más que el Presidente del Estado).