Con el avance de los trabajos de construcción de su Línea Amarilla, el Tren Metropolitana de Cochabamba está en vías de consolidarse como una opción conveniente para el transporte de pasajeros.
Tuvieron que vencerse muchas peripecias, todas resultantes de la oposición ciudadana, antes de que se defina el trazo de esa línea y se inicie su implementación, aunque con un alcance distinto del que tenía al principio pues no llegará hasta Sacaba.
Lo que no significa que ese municipio y su población quedarán excluidos de los servicios del tren porque se tiene planificado el tendido de otro ramal, la Línea Celeste, que unirá Sacaba con Cercado.
Mientras eso se concretiza, sería conveniente ocuparse también de los aspectos necesarios para integrar ese servicio ferroviario al sistema de transporte de pasajeros ya existente en la región metropolitana de Cochabamba.
Las virtudes del tren son indiscutibles en términos de baja o quizás nula contaminación ambiental y, sobre todo, comodidad y seguridad para los pasajeros que lo utilicen.
Y es precisamente su potencial como servicio de transporte público en la ciudad capital departamental y los municipios aledaños del oeste que corre el riesgo de no ser explotado con plenitud por la falta de un plan para integrarlo a los desplazamientos y actividades de la población que habita, trabaja y estudia, en la vecindad de sus estaciones.
Es más, Mi Tren, como se denomina oficialmente a este servicio de transporte ferroviario de pasajeros, necesita la explotación plena de su potencial para ser sustentable económicamente.
Es decir, que transporte en permanencia los suficientes pasajeros para lograr los ingresos que aseguren la sustentabilidad de ese servicio.
Para ello es necesario que el transporte ferroviario y el convencional, se complementen.
Esa complementariedad no será plenamente útil de manera espontánea. No, porque es imprescindible un plan que integre los servicios del tren con los de los micros, minibuses, y autos que transportan pasajeros a cambio de un pago: es decir el 55% de la población área metropolitana de Cochabamba, unas 750.000 personas, según el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable, formulado en 2015.
No solo eso, dicho plan tendría que considerar también la utilidad del tren para quienes manejan bicicleta y/o se desplazan en sus propios vehículos motorizados.
En pocas palabras, el tren urbano debe apuntar a satisfacer las necesidades de transporte de los habitantes de los municipios por los que circula.
El impacto del tren urbano no se limita al transporte de las personas, una ciudad es un tejido complejo de actividades y actores que las ejecutan en una dinámica de rutinas y de cambios permanentes.
La utilización de niños en los actos político-partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) no es una novedad, pero lo ocurrido hace dos semanas en un evento masivo en Ivirgarzama, Cochabamba, suscita inquietudes acerca de la indefensión de los menores frente al aparato oficialista y su hostilidad hacia quienes son críticos, y, lo que es más preocupante, la inacción cómplice de las instancias del Estado.
Como todas las rememoraciones de la Iglesia católica —y de quienes se denominan cristianos—, el espíritu de estos días adquiere un carácter especial en las circunstancias actuales que vive el país, porque expresa sentimientos, ansias, frustraciones y esperanzas que cotidianamente tenemos los seres humanos.
Una normativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) restringe el ejercicio pleno de un derecho constitucional.
Se trata de la iniciativa popular para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), instituida en el artículo 411 parágrafo II de la misma Carta Magna.
La escalada de hostilidad entre los dos bandos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se extiende de manera sostenida, a tal punto que rebasó los espacios institucionales y mediáticos y alcanza ahora territorios del trópico de Cochabamba.
“No vamos a recibir a ninguna autoridad si no tiene autorización de nuestras organizaciones matrices”, declaró hace un par de días una representante de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré.
El aire que respiramos en la ciudad de Cochabamba el domingo último —Día del Peatón del Ciclista, el primero de este año— tuvo una calidad excepcional.
Ese día, la contaminación atmosférica generada por la emisión de gases del parque automotor que utiliza combustibles fósiles se redujo en un 92 por ciento, según la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (MoniCA).
Comienza una nueva semana, para los conflictos del magisterio con el Gobierno por la malla curricular y otras demandas es la quinta consecutiva y el problema, que en principio parecía no tener mayor importancia, tiende a agravarse cada vez más.
De muchos años, vemos que un conflicto con los maestros llega a la suspensión de clases, pues éstas, durante los últimos años, sólo fueron afectadas por la pandemia, una huelga de transporte o algún otro asunto colateral.
En 17 años —desde la anterior visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia— el país ha sido beneficiado con “avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes”, constata el informe preliminar de los comisionados que durante cinco días observaron “la situación de derechos humanos en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto de las relaciones entre los Órganos del Estado; los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garan
Dos muertos por disparos de armas de fuego y varios heridos en el tercer episodio de ocupación violenta de un predio agrario —productivo desde hace más de 20 años bajo la administración de sus propietarios— evidencia una vez más la ausencia del imperio de la ley en las tierras codiciadas por avasalladores.
Dos muertos por disparos de armas de fuego y varios heridos en el tercer episodio de ocupación violenta de un predio agrario —productivo desde hace más de 20 años bajo la administración de sus propietarios— evidencia una vez más la ausencia del imperio de la ley en las tierras codiciadas por avasalladores.
Está en marcha el proceso para las elecciones judiciales, con las condiciones impuestas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las mismas perspectivas de las anteriores: candidatos seleccionados por el partido azul, y rechazo ciudadano traducido en cerca del 60 por ciento de votos nulos y blancos.
Así, y al menos por otros seis años, el Órgano Judicial continuará sometido al poder político del MAS.