El operativo conocido como el “asalto” al hotel Las Américas, de abril del 2009, cobra hoy mucha relevancia, a partir del anuncio del Gobierno de investigar el “caso terrorismo” desde otra perspectiva. Se deben investigar, ahora, las ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas en esa operación, planificada y ordenada por las máximas autoridades del Gobierno.
La investigación —ordenada incluso con mucha demora— obedece a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe de 2021, donde establece que, en el “operativo”, hubo ajusticiamientos, torturas, detenciones ilegales y persecuciones sin el debido proceso.
Para comprender el “operativo” en su verdadera magnitud, que fue, dicho sea de paso, una decisión de alta ingeniería política, es importante describir las circunstancias de la época.
De 2006 al 2009, el país vivió una profunda crisis política, producto de una intensa polarización. Se hablaba de dos Bolivias, con dos agendas distintas y contrapuestas (la agenda de octubre y la agenda autonómica de junio). Pese al triunfo con cerca del 54% en diciembre de 2005, Evo Morales y el MAS carecían del poder total y el control de todo el territorio. En los departamentos de la denominada “media luna”, se había nucleado, en los comités cívicos, una recalcitrante oposición. El Presidente era persona no grata en esos departamentos, al punto de que no podía ni utilizar sus aeropuertos.
En palabras de García Linera, el país vivía, políticamente, un peligroso “empate catastrófico”. En la correlación de fuerzas, de los dos bloques antagónicos, había un “empate”. Ninguno podía establecer supremacía. El proyecto político del nuevo bloque no terminaba de imponerse. Por su parte, el viejo bloque neoliberal, resistía con el discurso autonómico y tampoco terminaba de morir.
Ante la imposibilidad de acabar con el “empate” en las vías formales de la política, las calles tomaron gran protagonismo en violentas jornadas. El 11 de enero de 2007, en Cochabamba; el 24 de mayo de 2008 en Sucre; y el 11 de septiembre del mismo año, en Pando. Estos trágicos episodios, se los debe colocar en ese escenario del “empate catastrófico”.
Para salir de ese “pantano” y acabar con la recalcitrante oposición, Morales y sus estrategas diseñan y planifican el “asalto” al hotel Las Américas con el pretexto de “combatir” a una célula terrorista con afanes separatistas. El operativo responde a una alta y delicada decisión política. Con libretos previamente establecidos, lista de acusados, compra de testigos, siembra y montaje de pruebas, se puso en marcha el operativo desde el aparato del Estado.
En términos políticos, lo planificado fue un éxito. Lograron no sólo arrinconar, sino borrar a toda la oposición de la media luna. Con un saldo de tres muertos en el operativo y 49 presos después, utilizando el miedo —práctica habitual en el terrorismo de Estado— modifican radicalmente la configuración de poder. Santa Cruz, tras la “masacre”, ha cambiado profundamente. Los obstinados opositores, incluida la burguesía agroindustrial, más por miedo al terrorismo de Estado que por pragmatismo, se aliaron al Gobierno. Algunos, incluso hoy, enarbolan banderas azules. El operativo acabó con el “empate catastrófico” y estableció, por un tiempo, un nuevo horizonte político con irrebatible hegemonía de la hoy rancia elite azul.
Jurídicamente, sin embargo, el caso no se ha cerrado. Hoy cobra vigencia por la decisión del Gobierno actual de iniciar investigaciones, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos. A partir del informe de la CIDH, el Estado debe cumplir con la obligación de juzgar internamente. Si no lo hace, el proceso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por donde se vea, en las circunstancias actuales, jurídicamente, Morales está acorralado. Podría correr la misma suerte de Fujimori, que fue condenado, internamente, a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. También tiene una sentencia de la Corte IDH en etapa de supervisión.
Cuando se tiene el poder, y peor aun cuando se tiene el poder total, los tiranos siempre tienen la propensión de actuar más allá de la legalidad al eliminar a sus oponentes. Empero, la impunidad no es indefinida. Si bien el operativo de Las Américas fue, en su momento, altamente exitoso, jurídicamente deja cosas pendientes con sanciones inexorables.
Jurídicamente el expresidente no tiene escapatoria. Arce Catacora tiene en bandeja de plata la cabeza de Morales.
