El triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones nacionales de 2014 le permitió sumar a su férreo control del Ejecutivo, dos tercios de los legisladores y con ello la elección de los candidatos a las elecciones judiciales de 2017. Ese control del Legislativo tenían que agradecerlo a la oposición que les obsequió la plaza, al no asumir que aquel era el campo real de disputa en ese momento.
Pese a semejante dominio de la situación, la dirigencia del MAS sabía que la situación económica desmejoraría en los próximos años porque las dulces fuentes de los altos ingresos, empezando con los del gas natural exportado, empezaban a secarse y sus planes para remediarlo (incluyendo litio, generación eléctrica y exportaciones agroganaderas a costa de liquidación de bosques) no lograrían, ni en volumen ni plazos, subsanar los errores ya cometidos.
A estas preocupaciones se sumaba que su ariete y centro de unidad política y electoral, Juan Evo Morales Ayma, no podría ser candidato en 2019, por prohibición constitucional. Para tranquilizarlos, el vicepresidente García Linera utilizó una especie de ensalmo mágico, aseverando que la última victoria del MAS garantizaba un mínimo de lealtad electoral del 60% para los futuros desafíos eleccionarios.
Apoyada por la matemática del vice, la cúpula masista concluyó que era el momento de apurarse a sacar provecho del supuesto piso electoral y la hegemonía conquistada: así nació el referendo de 2016 para habilitar reelecciones continuas. Cuando lo perdieron, empezaron a buscar y hurgar una de las “seis soluciones” para volcar el resultado adverso.
De ese modo apostaron en 2017 a convertir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en una topadora/tanque de guerra, para imponer la reelección continua. Como todos los miembros del TCP tenían causas abiertas por corrupción, además de las promesas de premios y nuevos cargos, el MAS disponía de instrumentos de seducción y presión para garantizar que los magistrados publicarían, el día mismo en que terminaba su mandato, la sentencia irrevisable de reelección. La Constitución y la decisión popular del 21F de 2016 —anulada sin explicaciones ni excusas por el TCP— fueron sus primeras víctimas:
Así se creó la brutal máquina, requerida por Evo Morales, para violar la Constitución. Con la simultánea subordinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la maniobra quedó asegurada entre 2017 y 2019. Los nuevos miembros del TCP, elegidos en realidad por la Cámara de Diputados neutralizando el voto ciudadano, ya sabían que sus cargos dependían de alinearse con las decisiones de sus antecesores.
Ahora, hace apenas unos días, Morales Ayma se ha quejado ruidosamente de que las salas constitucionales impulsadas por quien era su máximo planificador y operador judicial, hoy actuante como embajador ante la OEA, completan el mecanismo que permite al Ejecutivo convertir sus órdenes en sentencias e instrucciones “legales” e inapelables.
La máquina responde a sus deseos con rapidez y eficacia interpretando a su antojo la Constitución, con lo que han cerrado el paso a la candidatura de Morales Ayma y le han birlado la sigla del MAS, lo que alegra infinitamente a la fracción oficialista de ese partido y a sus opositores formales, tan contentos con estas decisiones que prefieren no cuestionar al TCP.
Al obligar a las autoridades electorales a aceptar la ilegal decisión judicial de entregarle la sigla a una de las facciones masistas, se derrumba la independencia del TSE, que se ha retractado de sus anteriores y correctas decisiones que debían concluir el 5 de diciembre próximo con la pérdida de personería del MAS, porque ninguno de los congresos cumplió los requisitos indispensables.
A medida que la maquinaria (TCP y jueces de salas constitucionales) avanzaba también crecían los sentimientos de omnipotencia e impunidad de los jueces abiertamente parcializados con el régimen. Ahora que Morales Ayma siente que su invento lo castiga y muerde, expresa a gritos su dolores, pero ningún arrepentimiento; no hablemos de autocrítica.
El poder del TCP llega ahora al punto que, como ya liquidaron la elección judicial (obligando a una renovación parcial de sus miembros) sienten que pueden volver a anular una elección nacional y declarar por sentencia al ganador.
La oposición calla y se somete complacida; la sociedad se concentra en enfrentar la angustia de la sobrevivencia.
Pero, así y todo, el Gobierno se alarma, cuando este sentimiento de que todo lo pueden ha llevado a que internamente el presidente del TCP sea derrocado por uno de los dos más diligentes operadores que el oficialismo tiene en el tribunal. Aparentemente el brote de locura se habría controlado; ya se verá qué pasa en las siguientes semanas que serán cada vez menos previsibles en todos los planos.
Más importante que lo anterior será ver si la sociedad estira la paciencia y tolerancia que despliega ahora. O si va optando por el camino de la desobediencia y resistencia.
