Año 1994, primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tiempo de democracia. Auténtica. Imperfecta. Con derechos humanos y garantías efectivas, con independencia de poderes, pluralidad de pensamiento y de actores. Con libertad. Democracia perfectible mediante la acción política en igualdad de condiciones, parte ordinaria de su decurso. Vía los recursos institucionales previstos por el derecho. En Estado de derecho. Fuera de alharacas y parafernalias.
Tiempo de ataque sin cesar a la democracia con descalificaciones persistentes al sistema político, exigiéndole perfección. Ataque de palabra y de obra, por todo y nada. Parte del paisaje. Del folklore. Molesta. Tolerada. Impune. Desde el fin del ciclo militar en 1982, subiendo de tono y de intensidad. A través de todos los medios disponibles. En boca y pluma de los detractores de lo que no lleva etiquetas de “popular” y “revolucionario”, sello de fidelidad a la utopía, ese paraíso de la igualdad siempre devenido en infierno de miseria y opresión como lo demuestran las experiencias históricas concretas.
Escenario de constatación de que para una gran parte de los combatientes contra las dictaduras militares la democracia no era estratégica. No. Que su objetivo no era la libertad sino la dominación. Ya no de clase, sepultada por el Muro de Berlín al caer. Había que inventar otra. Y la inventaron. La dominación étnica (racial, en buen castellano), urgida de dictadura de nuevo cuño. La del siglo XXI. La fueron levantando, aprovechando la democracia que defenestrarían poco después. Con la valiosa ayuda de los fanáticos. De los ingenuos. Con la indiferencia de los demás. De nosotros.
Potosí, segunda mitad de 2004. Seminario auspiciado por organizaciones populares de la ciudad para debatir las tres leyes promulgadas ese año —“malditas” las llamaban— por el cogobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento Bolivia Libre (MBL), la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (Mrtkl): de Capitalización (21 de marzo), de Participación Popular (20 de abril) y de Reforma Educativa (7 de julio).
A tal reunión se invitó a directores de instituciones vinculadas con la Iglesia católica; en especial, con la Compañía de Jesús. Se contaba con su oposición al “Gobierno neoliberal” encabezado por un emenerrista “agringado”, empresario privado: “el Goni”. Se aseguraba la condena de ellos a esas leyes.
No fue así. Quedó claro, a buen entendedor, que la Ley de Capitalización no privatizaba ni entregaba el patrimonio público a las transnacionales. Ponía en vigencia un modelo de fortalecimiento de las empresas públicas vía la constitución de sociedades de economía mixta con los activos y derechos de ellas y los aportes de inversionistas privados, nacionales y/o extranjeros, hasta el 50% de las acciones, seleccionados por licitaciones internacionales.
Ofrecía a los trabajadores de las empresas a ser capitalizadas la posibilidad de convertirse en accionistas aportando sus beneficios sociales. Transfería a título gratuito las acciones del Estado en las sociedades de economía mixta a los ciudadanos bolivianos residentes en el país y que al 31 de diciembre de 1995 hubiesen alcanzado la mayoría de edad. Transformación económica inédita.
La Ley de Participación Popular extendió la jurisdicción de los municipios a las secciones municipales, haciendo presente la institucionalidad pública en todo el territorio del país. Les asignó competencias y recursos para el desarrollo en una descentralización profunda nunca vista. Reconoció, como sujetos de la gestión del desarrollo local en los municipios, a los actores sociales preexistentes, comunidades campesinas e indígenas en el ámbito rural y juntas vecinales en el urbano, otorgándoles personalidad jurídica. Transformación política inédita.
La Ley de Reforma Educativa incorporó por primera vez la educación bilingüe y reconoció la participación de los padres de familia como actores de la gestión escolar. Transformación social inédita.
El país que emergió de las leyes promulgadas por “el Goni” fue otro. Con muchas luces y algunas sombras. Sin haber sido reconocidos sus méritos por los beneficiarios. Por los “pensantes”. Prevaleciendo la mentira en contra.
Los frutos de estas leyes fueron dilapidados y pervertidos por el proyecto de miseria y opresión encaramado gracias a la defección de una clase media ciega y con miedo. La que hizo una cadena para hacer de la hoyada y del país una cárcel. Un proyecto útil a los círculos prebendarios y criminales del poder. Los que utilizan el putrefacto garrote judicial para condenar a aquellos a quienes envidian y temen. Como “al Goni”.
A Gonzalo Sánchez de Lozada se le debe en justicia el reconocimiento de su gran aporte al país. Político y económico. A su democracia y a su inserción en los tiempos desafiantes de la “tercera ola”. Es una deuda que deben saldar en especial quienes trabajaron con y gracias a él. Altos dignatarios de Estado y miembros de la tecnocracia. Que rompan su condenable silencio. Salvo, claro, que ya estén muertos.
