Agencias
Este domingo 27 de octubre, Uruguay decide su futuro político en unas elecciones presidenciales y legislativas que podrían definir un giro en su dirección. Tras cinco años de gobierno centroderechista bajo Luis Lacalle Pou, el país se enfrenta a la elección entre la continuidad de la coalición oficialista y un posible retorno de la izquierda representada por el Frente Amplio (FA). Además de elegir presidente y miembros del Congreso, los uruguayos votarán en dos plebiscitos clave: uno sobre seguridad social y otro sobre allanamientos nocturnos.
El actual escenario político tiene como principales contendientes a Yamandú Orsi, del Frente Amplio, quien busca devolver a la izquierda al poder; Álvaro Delgado, del Partido Nacional y exsecretario de la Presidencia, que representa la continuidad del proyecto de Lacalle Pou; y Andrés Ojeda, del Partido Colorado, emergente en un tradicional partido.
Las encuestas indican una ventaja para el Frente Amplio. La consultora Factum estima que el FA obtendría un 44% de los votos, mientras que el Partido Nacional alcanzaría el 24% y el Partido Colorado el 17%. En tanto, otras proyecciones como las de Opción y Nómade muestran porcentajes similares, aunque ninguna sugiere una victoria absoluta en primera vuelta, lo que llevaría a una segunda vuelta en noviembre.
El contexto de la votación está marcado por desafíos económicos y de seguridad que preocupan a la ciudadanía. La pobreza infantil y la inseguridad pública, acentuada por la violencia relacionada con el narcotráfico, han sido factores determinantes en la percepción pública del gobierno de Lacalle Pou.
Según Tamara Samudio, politóloga de la consultora Nómade, el principal debate es la continuidad de un gobierno de coalición que ha sido inédito en Uruguay. La actual coalición de centro-derecha reúne a cuatro partidos —el Nacional, Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente— que lograron mantenerse unidos durante el mandato de Lacalle Pou. Samudio, entrevistada por France 24, señala que este modelo de coalición “marca un hito en la historia política de Uruguay”, aunque su continuidad depende de los resultados en las urnas.
