Luego de que la Sala Constitucional de Beni decidiera suspender el proceso de evaluación de candidatos rumbo a las elecciones judiciales, sectores sociales políticos y analistas cuestionaron la medida que aleja cada vez más la realización de ese derecho democrático e instaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) continuar con el proceso.
La Sala Constitucional de Beni otorgó la medida cautelar a favor de Charles Fernando Mejía Cardozo, postulante inhabilitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y ordenó paralizar el cronograma de evaluaciones escritas y orales.
La senadora por Creemos Centa Rek cuestionó que si Chales Mejía no es habilitado, el proceso no puede continuar, lo que para Rek “raya en una aberración”.
Una Sala Constitucional, sostuvo Rek, busca imponer candidatos ya eliminados, para que sigan en carrera, lo cual es muy peligroso en ese afán de anular a la ALP y sus prerrogativas e independencia.
“Ante la Comisión de Constitución se presentaron 39 amparos, 17 de los cuales habrían sido interpuestos por ‘gente allegada’ al expresidente Evo Morales, es decir por exfuncionarios de su gobierno, según denunciaron parlamentarios del ala arcista”.
“Lo dije antes y lo reitero ahora, a pesar del constante boicot del Gobierno y de las dos alas del MAS, la ALP debe reencaminar y continuar con la preselección de candidatos hasta su conclusión, sólo de esta forma podremos contar con nuevas altas autoridades para el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, enfatizó la senadora.
Por su parte el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi declaró a Los Tiempos que está sucediendo lo que CC había denunciado desde hace mucho tiempo. La presencia y la autoprórroga anticonstitucional de los que hoy usurpan funciones en los altos tribunales de justicia.
Según Urquidi, diferentes salas constitucionales están poniendo piedras al camino de la preselección, “con una serie de acciones anticonstitucionales que no tienen la más mínima consistencia jurídica y que más bien son acciones de orden político”.
Según el asambleísta de CC, desde el Gobierno se pretende que la etapa de preselección naufrague y “la ALP no cumpla su mandato constitucional y no tengamos elecciones judiciales”, dijo.
Un milagro
Para la analista política Carolina Orias Durán, cualquier persona que considere que se le ha vulnerado algún derecho, puede interponer las acciones de defensa que considere necesarias. “El problema es que las salas constitucionales están asumiendo decisiones de manera infundada, estableciendo medidas cautelares de manera general cuando deberían responder únicamente al caso en concreto”, concluye.
Para el analista político Paul Coca, la paralización judicial ya es una constante.
Enfatiza que, en el caso de la sala de Beni, no existen las casualidades, lo que existe es toda una planificación, tanto del Órgano Ejecutivo como del Judicial y del Tribunal Constitucional, contra el Legislativo para entorpecer el proceso de selección de las candidaturas judiciales, ya que —y no es casualidad— cada vez que las Comisiones Mixtas reanudan el trabajo, el mismo es paralizado por medidas cautelares.
“A estas alturas del año, y tal como se ve, será un milagro la realización de las elecciones judiciales”, advierte.
