La detención de Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha causado este viernes gran revuelo en Perú, donde la Fiscalía ha ordenado diez días de prisión preventiva por un presunto caso de tráfico de influencias.
Las siguientes son las claves de este caso que salpica al Gobierno peruano y vuelve a poner contra las cuerdas a Boluarte:
-El uso de prefectos y subprefectos
El pasado 18 de enero, la Procuraduría Anticorrupción presentó una denuncia contra Nicanor Boluarte por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
Esta denuncia se hizo luego de que un reportaje periodístico señaló que el hermano de la gobernante designó, sin que le corresponda, a prefectos y subprefectos, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones del país.
El programa dominical Cuarto Poder sostuvo que Nicanor Boluarte habría gestionado la designación de estas autoridades en el departamento amazónico de San Martín, para que recaben firmas para inscribir un partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El programa recogió testimonios de subprefectos que explicaron que recibieron amenazas por parte de Boluarte y su personal de confianza si no firmaban esa actas de inscripción.
-La intención de crear un partido
La denuncia por el presunto nombramiento irregular de prefectos y subprefectos está estrechamente relacionada con la intención de crear el partido político Ciudadanos por el Perú (CPP).
En marzo pasado, el programa Cuarto Poder dio a conocer que Nicanor Boluarte habría solicitado aportes económicos para el partido a representantes del Gobierno en la región central de Huánuco.
Según esa investigación, estos aportes se pedían a cambio de favorecer con la designación de prefectos a los que cumplan con entregar 10.000 soles (unos 2.600 o 2.400 euros), y 5.000 soles para subprefectos, así como con haber recolectado firmas para la inscripción de CPP.
El pasado 28 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) señaló que se sospechaba que cerca de 10.000 de las 32.000 firmas que CPP presentó para su inscripción podían ser falsificadas y que, tras hacer un peritaje sobre una muestra, determinó que 500 eran adulteradas.
Este viernes, tras la detención de Nicanor Boluarte, el secretario general de CPP, Alberto Moreno, negó en un comunicado que el hermano de la gobernante pertenezca a esa agrupación y remarcó que no tienen "una vinculación orgánica ni legal".
-La posición de la presidenta
Tanto medios locales como políticos opositores señalaron en un primer momento que estas actividades proselitistas de Nicanor Boluarte podían estar vinculadas con la intención de conformar un partido para la presidenta.
Cuando fue interrogada por las diversas investigaciones de la prensa, la mandataria negó ese vínculo y acusó a los medios de comunicación de difamar a su hermano
"Dejen de difamar a mi hermano. Él no está participando absolutamente en nada, en ninguna organización de ningún partido utilizando a los prefectos o subprefectos o algún medio económico del Estado", sostuvo en su momento.
En marzo pasado, la gobernante también negó que su hermano hubiera participado en un complot para conseguir que Alberto Otárola dejara de ser primer ministro, tal como denunció una expareja de este último luego de su renuncia al cargo.
"Debo recalcar y decir firme con la transparencia que siempre me ha caracterizado: mi hermano no está comprometido en ningún complot. Mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este Gobierno", enfatizó.
-La desactivación de la Policía anticorrupción
Este jueves en la noche el Gobierno de Perú sorprendió y causó gran polémica al anunciar la desarticulación de la unidad de la Policía Nacional encargada de apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga de forma exclusiva casos de altos funcionarios.
La decisión se basó en una supuesta "duplicidad de funciones" con otras divisiones de investigación y consideró que esta unidad fiscal anticorrupción, creado en junio de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, había sido irregular.
En medio de las críticas generadas por esta medida, el Ministerio Público sostuvo en un comunicado que la decisión "tendría relación" con la orden de detención que se iba emitir contra Nicanor Boluarte en la madrugada de este viernes.
Por su parte, el fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, pidió este viernes la "inmediata" reposición del equipo policial y añadió que su despacho está "evaluando las medidas" que pueden tomar de acuerdo con sus "atribuciones constitucionales".
