Las denuncias de casos de corrupción en los campeonatos bolivianos de fútbol no son raras, la mayor parte de ellas apuntan a los árbitros o a los jugadores, pocos a los dirigentes, casi todas vienen de directivos de clubes y alguna llegó a la instancia deportiva correspondiente, que falló a favor de un equipo que impugnaba el resultado de un partido por un asunto de suplantación de identidad de un jugador del equipo contrario.
Hasta anteayer, ninguna de esas denuncias involucraba supuestos actos que podrían ser objeto de juicio en los tribunales de la justicia ordinaria, ni vino de la máxima autoridad de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
La denuncia formulada el martes último por el presidente del ente matriz del fútbol nacional, si prospera y llega a motivar un juicio penal, podría traducirse en un sismo de magnitud en las categorías superiores de ese deporte que apasiona a tanta gente, mueve multitudes… y mucho dinero.
El presidente de la FBF declara haber recibido “bastante información con un contenido alarmante que indicaría que en el fútbol boliviano se habría montado una red de corrupción compuesta por algunos malos dirigentes, árbitros y jugadores que estarían involucrados en atentar contra el juego limpio y (sus) normas”.
La denuncia atribuye a esa supuesta red de corrupción —que involucraría a “la mayoría de los clubes de ambas categorías”: profesional y segunda división— “amaños de partidos, sobornos y apuestas”.
Es decir que hay partidos de fútbol, entre equipos de las categorías mencionadas, cuyo resultado estaría concertado por los integrantes de esa “red de corrupción” con el propósito de “beneficiarse económicamente y manchar la gestión del Comité Ejecutivo” de la FBF.
Debe ser harto contundente la información que dice haber recibido el denunciante como para animarlo a afirmar que el asunto es “un golpe de muerte al fútbol boliviano”.
Él sugiere “paralizar el torneo hasta encontrar a los responsables”, lo que implicaría un tiempo imposible de estimar, considerando el desempeño y confiabilidad de nuestro sistema de justicia.
Porque el caso, que “es gravísimo, (pues) incluso hay (involucradas) personas del exterior”, tiene relación con apuestas, legalmente prohibidas en Bolivia.
Responsable, el presidente de la FBF anuncia que “será el Ministerio Público (el que) tome el curso (del caso) ante la ley”.
La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la FBF para extirpar la corrupción que denuncia y devolver a los aficionados la confianza en sus clubes y sus dirigentes, y dar rienda suelta a sus pasiones deportivas sin temor al engaño?
