La Policía Boliviana tiene un sinfín de tareas pendientes, algunas más urgentes que otras; sin embargo, el anuncio de un proyecto de ley para controlar la confección y venta de uniformes no está dentro de las más apremiantes. Pero es una de las que el Ministerio de Gobierno está priorizando a raíz del último escándalo que le valió a la institución verde olivo una ola de críticas y cuestionamientos por la aprehensión del humorista cochabambino, Raúl Cuenca.
Las redes sociales se inundaron de preguntas relacionadas con los cientos de delincuentes sueltos en las calles del país, pero no son perseguidos ni procesados en un tiempo récord como sucedió con el comediante Cuenca.
Los jefes policiales justificaron este operativo ejecutado “de oficio” en La Paz, y el Gobierno, por su parte, cuestionó esta acción, pero al mismo tiempo señaló que “ninguna persona civil puede utilizar uniformes de las fuerzas del orden que no tengan autorización”.
“Lo que queremos hacer es generar licencias, permisos para controlar quiénes son los fabricantes y distribuidores de uniformes de policía, asegurando que sólo estas empresas autorizadas puedan vender y producir estos productos”, justificó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, al anunciar el proyecto de ley.
¿Cuánto beneficiará la aprobación de esta ley a la institución y a la sociedad, cuando existen otros temas más relevantes como la impunidad de uniformados vinculados con el narcotráfico u otros delitos de índole transnacional? También existen casos que causan indignación, como el conocido la pasada semana a través de las redes sociales.
En el video se ve a dos policías amedrentando a un vendedor de Marketplace en El Alto, le revisan la mochila y le piden que les acompañe, pero no le dicen a dónde ni cuál es la razón por esa actuación policial. Pese a que el hecho se hizo público, no se ha visto alguna sanción para el par de uniformados que hostigaron a esta persona o, por lo menos, no se ha conocido de forma pública.
Si de leyes hablamos, está pendiente la reforma de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía, cuestionada por los mismos uniformados, que incluso los llevó a un motín hace más de 10 años. A esto se suma la modificación a la Ley de Carrera de Generales y ascensos de la Policía, además de los cambios en las unidades como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Ninguna de estas tareas o actividades es priorizada en esta gestión. Los mismos policías reclaman en voz baja la dotación de uniforme completo con más frecuencia, además de los instrumentos de trabajo y mejor salario para que puedan realizar un trabajo más efectivo, pero, como muchos dicen, evitaría que varios uniformados se desvíen del camino de la rectitud.
