El 30 de abril se interrumpió el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales en Bolivia por decisión de la Sala Constitucional Primera de Cobija, y hasta la fecha no existe una decisión para reencauzar dicho acto, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó ese fallo. Los legisladores se acusan mutuamente de tener la intención de buscar el fracaso de la elección judicial, que a estas alturas ya debería estar en manos del Órgano Electoral, preparando todo el operativo para que la población boliviana acuda a urnas y elija a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP.
En lugar de ello, en los últimos días se han escuchado declaraciones de distintos frentes, pero ninguna solución contundente que aclare esta situación. Ayer, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, descartó convocar a sesión del legislativo para tratar el tema, arguyendo que esa responsabilidad corresponde a las comisiones mixtas encargadas del asunto.
“La responsabilidad de reanudar y continuar el proceso de preselección de candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP recae en la comisión mixta de Constitución y en la comisión de Justicia Plural, por lo que no es necesario convocar a una sesión de la asamblea para discutir este tema”, dijo.
Después de estas declaraciones, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, también se desvinculó de la responsabilidad afirmando que era imperativo que todos los legisladores tomen una decisión y definan el futuro del proceso aprobando una ley corta, ya que los plazos expiraron y las comisiones perdieron competencia.
“Al final, todos son culpables y parece que estamos generando confusión. En definitiva, ¿quién es el responsable? Por eso, pedimos a todos los asambleístas —senadores, diputados y Presidente Nato de la ALP— que vayamos al pleno de la sesión de la asamblea y determinemos quién está obstaculizando el desarrollo normal de las elecciones judiciales”, expresó el Senador.
Tras su reunión con las comisiones legislativas encargadas de la selección de aspirantes, Rodríguez exigió a Choquehuanca que, en un plazo de 72 horas, convoque al pleno de la ALP para debatir y aprobar una ley corta que permita la continuidad de las elecciones judiciales.
Es evidente que lo que falta es la voluntad política de todos los actores involucrados para poner en marcha no sólo el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, sino también para que el Órgano Legislativo cumpla con su función de legislar en beneficio de Bolivia y reactive el tratamiento de los proyectos de ley pendientes.