Según declaraciones de la Ministra de Trabajo, actualmente existen 338 mil trabajadores registrados con una “relación laboral” en dicha institución; si tomamos en cuenta que nuestra población económicamente activa (PEA), según datos del INE a febrero 2023, es de 6.741.642 personas, entonces sólo el 5% de la misma tuviera un empleo formal y legal, dato preocupante.
Igualmente, la Ministra indicó que las empresas públicas generan 800 mil fuentes laborales, pero ¿qué tipo de empleos son? ¿son estables o coyunturales?
Se determinó, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 que existía alrededor de 600 mil dependientes del Estado, cuyo presupuesto será de más de 47 mil millones de bolivianos para este año.
¿Entonces, los trabajadores del Estado (Gobierno nacional) son muchos más o la Ministra desconoce las cifras de cuánta gente trabaja para el mismo? Se debe aclarar cuánta gente, el tipo de empleo que posee y el presupuesto destinado para el pago de sueldos y salarios, más aún con este incremento salarial, que sin duda aumentará el gasto público ya elevado, por cierto.
Un dato llamativo: las empresas estatales generan 800 mil empleos y el sector privado sólo el 11% del mismo, es decir 88 mil empleos, pero según la ministra sólo hay 338 mil trabajadores con una relación laboral, es decir un empleo formal. En otras palabras, sólo el 5% de nuestro PEA tendría empleo con un contrato registrado, beneficios sociales, seguro médico, otros, y el 95% restante tuviera un empleo informal, o simplemente un trabajo que no se sabe a ciencia cierta si es por cuenta propia o dependiente de un tercero, claro, sin beneficios laborales.
Se supone, por normativa legal y laboral, que la empresa privada tiene a todos sus dependientes (88.000) registrados en el Ministerio de Trabajo, entonces de los 338 mil que indica la Ministra, esto sería un 26% de ese total, entonces el saldo, 74% serían dependientes del sector público.
Hay 250 mil trabajadores (74%) que son dependientes del Estado, pero no se sabe cuántos del Gobierno central, departamental, municipal y otras instancias estatales; existe muy poca información al respecto. Supongamos que esos 250 mil dependen todos de las empresas públicas estatales, entonces sólo un 31% tiene una relación laboral registrado en el Ministerio, es decir son formales y legales; entonces, el resto ¿bajo qué condición trabajan en el sector público? ¿Son empleos políticos?
Lo cierto es que a nivel nacional no hay un estudio profundo para conocer las características ocupacionales de los trabajadores (ocupación, edad, sexo, otros), peor aún, su nivel y calidad de empleo —que sin dudas desde la pandemia cayo drásticamente—; todo esto va de la mano de una economía muy informal (al menos el 80%) y poco productiva, que no se beneficia para nada con medidas tales como los incrementos salariales.
El autor es presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija
