Tres hechos de violencia destacaron en las dos últimas semanas y posiblemente tengan su repercusión en los días que vienen: el martes pasado, en Cochabamba, comerciantes, a quienes se vio en la vigilia de apoyo a Súmate, propinaron una golpiza a la concejala Claudia Flores de esa misma sigla, por presunta “traición” al establecer una alianza con el MAS por el control de la directiva del Concejo Municipal. El viernes, en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, los denominados “autoconvocados” (apoyo a la organización Creemos) protagonizaron su propia versión de golpiza, la víctima fue la asambleísta del MAS, Mariel Cruz. Luego la Policía gasificó a diestra y siniestra y aprehendió a unas 15 personas. Justo una semana antes, gente afín al oficialismo irrumpió en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) para ocuparla y dejar fuera a su presidenta, Amparo Carvajal. También en este caso la Policía actuó de parte del Gobierno, protegiendo a los nuevos ocupantes.
Independientemente de las causas, del color político y de quién tenga la razón o deje de tenerla, cabe preguntarse si las agresiones serán ahora la nueva forma de debate político, si las cosas deben resolverse mediante la convocatoria de grupos de choque y si la solución debe llegar imponiendo la ley del más fuerte.
¿Qué sentido tiene, entonces, contar con instituciones, leyes y autoridades que las hagan cumplir? Está visto que los partidos y hasta la misma población ya han perdido la confianza en las instituciones.
No es posible culpar de toda esta erosión institucional solo al partido de Gobierno (en los ejemplos expuestos, se advierte que también otras fuerzas políticas recurren a la violencia), pero sí se puede afirmar que quien más la ha empleado es el MAS, partido apegado al lema de su jefe: “meterle nomás”.
Hoy se tiene programada una audiencia judicial que tratará un recurso interpuesto por Amparo Carvajal contra el avasallamiento a la sede de la Apdhb. Del lado de los ocupantes, ya se convocó a grupos de choque y, con una justicia sumisa al Gobierno, el resultado es predecible.
En el caso de la Asamblea cruceña, el Ministerio de Justicia activó el Mecanismo contra la Violencia Política, y anticipó procesos por separatismo y racismo.
No parece que estos conflictos estén cerca de terminar y, podrían persistir en una pulseta política en la que no se miden razones ni argumentos, sino simplemente quién tiene la mayor musculatura, mayor condescendencia de las instancias judiciales, más respaldo policial y, lo que es peor, mayor convocatoria de grupos de choque que pueden hacer valer la fuerza bruta no sólo en las calles, sino también en los mismos salones de instancias públicas.
