El pasado 2 de mayo, en el acto de celebración de los 15 años de la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el presidente del Estado afirmó que “lo peor que podríamos hacer es atentar contra quienes generan los recursos para la redistribución, como nuestro sector de hidrocarburos, de comunicaciones y otros, que generan el excedente económico que se redistribuye a la población y que garantiza (los bonos)”.
El presidente tiene razón cuando afirma que no se debe atentar contra las entidades o las personas que producen los recursos que el país necesita para asegurar el bienestar de la población, entendiendo el atentado como cualquier acción u omisión tendente a impedir, ralentizar, paralizar o disminuir las capacidades, voluntades y mandatos de los actores económicos dedicados a crear cadenas de valor que benefician a toda la ciudadanía.
La advertencia sería alentadora, viniendo del primer mandatario, si la realidad no la contrastara de manera tan cruda cuando se trata del sector privado, cuyas potencialidades y oportunidades han sido limitadas sistemáticamente por decisiones gubernamentales que terminan impidiendo su crecimiento y con ello afectando la creación de fuentes de trabajo, la ampliación del universo tributario, el desarrollo de tecnología y la generación de riqueza.
Hace unos días, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior reveló que 41 productos agrícolas y pecuarios que el país genera en cantidades importantes, tienen cupos que limitan su exportación. Si se hubiera liberado todo el potencial productivo y exportador de la agroindustria (declararon dirigentes empresariales a El Deber) “el país, entre 2008 y 2022, hubiera recibido un extra de $us 6.000 millones”, monto que hubieran respondido sobradamente a la crisis actual originada por la falta de dólares.
Un estudio de 2017, encargado por importantes entidades productivas y académicas, concluyó que la producción de maíz en Bolivia se podría más que duplicar hacia el año 2025, si el Gobierno autorizara los cultivos genéticamente modificados. El aumento puede pasar de 425.000 a 650.000 hectáreas y el rendimiento de 2,5 a 4 toneladas por hectárea. Paraguay posee 12 millones de hectáreas cultivadas con biotecnología y Argentina tiene 60 millones. Estos países están preparados para responder al aumento mundial de la demanda de alimentos, mientras que en Bolivia, el Gobierno y los políticos continúan en un falso debate sobre un tema zanjado hace décadas en el mundo.
El Banco Central publicó recientemente los datos de la inversión extranjera directa en Bolivia durante 2022, mostrando que, en resultados netos, volvimos a presentar cifras negativas (-26 millones). Al respecto, un estudio de Milenio, de 2021, evidencia que, pese a la gran potencialidad de recursos naturales y capacidades instaladas, nuestro país recibe entre 9 y 29 veces menos que la inversión minera en Chile, Perú y Argentina. El caso de los hidrocarburos es más dramático, ya que la falta de inversión para exploración en la última década explica gran parte del problema actual de pérdida de las RIN. La negativa del Gobierno a tratar una nueva ley y garantizar la seguridad jurídica para las inversiones privadas nacionales y extranjeras, nuevamente perjudica al desarrollo.
Lo que el Gobierno no parece tomar en cuenta es que cuando pone trabas y dificulta el desarrollo del sector privado, en realidad está atentando contra los que producen y generan recursos para el país, y propiciando el aumento de la pobreza, la informalidad y la injusticia, porque impide la redistribución de los beneficios, limita el sostenimiento de fuentes de trabajo y condena a nuestra economía a ser menos competitiva y más dependiente. Hacerlo en tiempos de estabilidad es muy grave, y en tiempos de crisis es catastrófico.
Un modelo económico que equilibre derechos, obligaciones y oportunidades entre los sectores público y privado, sin privilegiar ni discriminar a ninguno, no sólo va a garantizar los recursos para el pago de bonos condicionados, sino que los va a hacer sostenibles y ante todo va a asegurar que la gente tenga bienestar con dignidad.
Queda la esperanza de que las señales de crisis que ensombrecen el horizonte sirvan para que el equipo económico del Gobierno entienda que la advertencia del presidente de no atentar contra los sectores que producen riqueza y crecimiento, no se debe aplicar únicamente a las empresas estratégicas estatales (que por ciento no pasan por su mejor momento), sino que debe alcanzar sobre todo a los sectores privados, que sostienen el 70% del empleo digno, aportan con más del 90% de impuestos y son la única garantía para enfrentar este difícil momento.
