Este último semestre el pueblo ha sentido la escasez de gasolina que ha derivado en largas filas en los surtidores y un mercado negro de combustibles cada vez más extorsivo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) no solo tiene este problema ligado a las subvenciones a la gasolina, sino también está reduciendo de forma alarmante las asignaciones presupuestarias a los municipios del país, por concepto de coparticipaciones tributarias.
Las subvenciones, aunque populares, representan una carga onerosa para las finanzas públicas, especialmente en un contexto económico global donde los precios internacionales del petróleo son volátiles. El problema se agrava porque no existe un control efectivo que diferencie entre quienes realmente necesitan este beneficio y aquellos que se aprovechan del sistema para fines lucrativos.
La venta de gasolina en bidones y el acopio en grandes volúmenes son prácticas que alimentan el mercado negro de combustibles a precios elevados, pero que está plenamente justificado por los políticos zurdos bajo la premisa absurda de que se trataría de la ansiada distribución democrática de la riqueza.
Las largas filas de vehículos y personas con bidones han generado malestar social. Todos los propietarios de automotores y cada ciudadano sienten que tienen derecho a comprar combustible subvencionado, agravando el problema. Este fenómeno no solo afecta a los consumidores directos, sino que también permite a ciertos intermediarios acaparar grandes cantidades de gasolina para revenderlas a precios exagerados. Este ciclo no regulado distorsiona el mercado y genera incentivos perversos que dificultan la distribución equitativa del combustible.
Frente a esta compleja problemática, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está regulando la venta a través del registro —a pulso y en cuadernos anillados de colegio— de las placas de los vehículos y las cédulas de identidad de los compradores en bidones. Increíble. Lo peor de todo es que han surgido diversas propuestas para optimizar el acceso a los combustibles subvencionados y reducir las filas en los surtidores, pero la A NH, invadida por el pánico, ha despreciado la creatividad de los ciudadanos.
Poco o nada cuesta aterrizar en la realidad e implementar estas sugerencias:
1. Carga por placas vehiculares: Una solución práctica sería establecer días específicos para que cada vehículo cargue gasolina, según la terminación de su número de placa. Esto ayudaría a descongestionar los surtidores y organizar la demanda.
2. Beneficios para contribuyentes cumplidos: Se propone priorizar la venta de combustible a los vehículos con sus impuestos al día. Las alcaldías como entes recaudadores podrían supervisar este sistema, recompensando a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y castigando, indirectamente, a quienes incumplen. Con esta solución se reforzarían los valores como la responsabilidad ciudadana y la legalidad, y también se fortalecería la percepción de justicia social. Además, el MEFP presionaría para que los municipios obtengan recursos propios.
3. Modalidades de venta diferenciadas: Otra opción sería establecer dos modalidades de venta de combustible. La primera, con precios subvencionados, destinada exclusivamente para los contribuyentes cumplidos. La segunda, con precios internacionales, dirigida a vehículos indocumentados y a quienes compran en bidones. Este sistema no solo incentivaría el cumplimiento tributario, sino también la regularización del registro propietario de vehículos “chutos” y, además, abriría la posibilidad de importación libre de combustibles, pero ante todo desincentivaría el contrabando de vehículos.
Como a los burócratas de la ANH, poco o nada les interesa el delicado equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad económica, sería bueno que desde el MEFP se analice que, si bien la subvención a los combustibles es en Bolivia un beneficio esencial para muchos ciudadanos, su implementación actual enfrenta desafíos significativos que afectan tanto al mercado como a las finanzas públicas.
El camino hacia una solución requiere que el presidente Arce Catacora tome, de una vez por todas, decisiones valientes como segmentar los beneficios, priorizar a los ciudadanos cumplidos y desincentivar las prácticas ilegales. Aunque estas medidas pueden generar resistencia inicial, representan un paso necesario hacia una gestión más eficiente y equitativa del combustible en el país.
